Un contador de la Secretaría Contable del Poder Judicial de Catamarca se encuentra imputado por fraude a la administración pública tras alterar su liquidación de haberes durante diez meses. La causa fue elevada a juicio y está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.
Un contador público nacional que se desempeñaba en la Secretaría Contable de la Corte de Justicia de Catamarca está imputado por fraude en perjuicio de la Administración Pública, tras haber alterado la liquidación de su propio sueldo para percibir adicionales que no le correspondían. El perjuicio estimado supera los $15 millones.
El imputado es Gonzalo Guiñazú, de 34 años, quien trabaja en el Poder Judicial desde 2017 y cumplía funciones en el área Contable desde 2022. La investigación se inició tras una denuncia del secretario contable de la Corte, Pablo Andrés Rachid Florit, quien descubrió la maniobra en febrero de 2025.
La causa fue instruida por el fiscal de Instrucción Nº6, Facundo Barros Jorrat, quien elevó el caso a juicio en octubre de 2025. La defensa de Guiñazú presentó planteos de nulidad, que fueron rechazados en abril de este año por el juez de Garantías Nº1, Santiago Ahumada Franzzini. El imputado apeló y el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones a la espera de una definición.
La maniobra
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, las maniobras se ejecutaron entre marzo de 2024 y enero de 2025. Guiñazú, encargado de la liquidación de haberes, incorporó a su propio recibo de sueldos ítems que no le correspondían, como “haberes adeudados” o “adicional por 30 años de servicio”. También se liquidó algunos días del mes con una categoría superior a la que le correspondía.
Estos adicionales impactaban en otros conceptos del recibo, incrementando el monto total. Para completar el circuito, el contador utilizó las vías oficiales para comunicar al Banco Nación la liquidación de haberes adulterada.
Guiñazú fue descubierto cuando sus superiores consultaron el sistema informático de la Corte y detectaron que en el último sueldo se había liquidado el concepto de “haberes adeudados”, sin que existiera deuda alguna ni 30 años de servicio. Una revisión de meses anteriores confirmó que la maniobra se repetía en al menos cuatro oportunidades.
La fiscalía, mediante oficios y pericias, constató que los ítems agregados se realizaron en al menos seis meses. Una pericia contable determinó que el daño a la Administración asciende a $15.400.000.
Estado actual
La causa fue elevada a juicio en octubre de 2025. La defensa de Guiñazú, ejercida inicialmente por Facundo Moreno Robles y Roberto Mazzucco, presentó planteos de nulidad, incluyendo una impugnación sobre la prueba digital obtenida, argumentando que habría sido extraída de una computadora personal del imputado. El juez Ahumada Franzzini rechazó el planteo, señalando que el equipo es propiedad del Poder Judicial.
El juez de Garantías ordenó el envío del expediente a la Cámara Criminal correspondiente para fijar fecha de juicio. Esta resolución, firmada en abril pasado, fue apelada por la defensa y la causa está en manos de la Cámara de Apelaciones.