En Fiambalá, el debate sobre la delegación de funciones públicas en sectores privados y el manejo de regalías mineras genera posiciones encontradas entre distintos actores locales.
Fiambalá, Catamarca. El periodista Jorge Enrique Tejada publicó un análisis en el que sostiene que en Fiambalá se observa una reorganización política y económica caracterizada por la delegación de funciones públicas en sectores privados organizados en cámaras corporativas. Según Tejada, el Estado municipal ha cedido funciones a favor del Estado provincial, y las decisiones que competen al ámbito estatal se toman mediante negociaciones directas con cámaras empresariales como la Cámara de Turismo, la Cámara Económica y la Cámara de Proveedores Mineros.
Tejada afirma que el gobierno municipal y provincial reconocen a estos grupos económicos como interlocutores privilegiados en la relación entre comunidad, empresas y Estado. El autor sostiene que el gobierno local ha dejado de representar al conjunto de la sociedad para convertirse en gestor de intereses particulares. En su texto, menciona que las presentaciones públicas de Declaración de Impacto Ambiental de la industria minera, principal actividad económica de la zona, son el escenario donde se evidencia una alianza entre el poder político y el empresarial.
Además, Tejada señala que desde que los municipios de la provincia de Catamarca, incluido Fiambalá, cedieron el manejo de regalías mineras a un Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial del sector minero, los pueblos han visto reducidos sus ingresos y aumentada la pobreza. Describe al fideicomiso minero como un instrumento financiero-jurídico que concentra la riqueza en sectores gobernantes, con la anuencia de las representaciones políticas provinciales.
El análisis concluye que la pobreza en Fiambalá no es casual, sino que responde a un diseño con complicidades entre sectores privados, empresas transnacionales y gobiernos municipal y provincial. Tejada afirma que los pueblos no reciben regalías y que el 3% de las mismas es administrado por el fideicomiso minero, sin que se generen impactos directos en educación, salud y empleo.