Una investigación federal desmanteló un esquema fraudulento operado por dos familias que, mediante una aplicación de inversiones falsa, estafó a víctimas en varias provincias. Los fondos eran convertidos en criptomonedas y blanqueados a través de inmobiliarias y agencias de turismo.
Una compleja red de estafas virtuales fue desarticulada tras una investigación que reveló cómo dos familias operaban un esquema fraudulento en distintas provincias del país, utilizando una aplicación que simulaba inversiones financieras con ganancias ficticias. El caso se inició en 2023 en Puerto Madryn, cuando una mujer denunció haber invertido más de 100 millones de pesos en una plataforma que prometía altos rendimientos.
A partir de esa presentación, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, encabezada por el fiscal general Fernando Rivarola. Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas inversiones en empresas inexistentes o en firmas reales que cotizan en bolsa, pero los movimientos que veían los usuarios eran completamente ficticios.
La aplicación estaba diseñada para mostrar ganancias constantes, generando confianza en las víctimas, aunque al momento de retirar el dinero comenzaban las excusas, demoras y finalmente el bloqueo total. El mecanismo se completaba con una sofisticada “ruta del dinero digital”. Los fondos captados eran convertidos en criptomonedas o canalizados a través de inmobiliarias, agencias de turismo y estructuras informales que funcionaban como cuevas financieras.
También se detectaron maniobras de compra de vehículos e importación de electrodomésticos para blanquear el dinero y reinsertarlo en el circuito económico. El avance de la causa derivó en 21 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los operativos, se secuestraron más de 172 mil dólares en efectivo, seis millones de pesos y criptoactivos valuados en unos 80 mil dólares, además de vehículos, cheques y documentación considerada clave para la causa.
Las oficinas allanadas operaban bajo la fachada de agencias de viajes y casas de cambio, pero en realidad funcionaban como centros logísticos de la organización. Al menos ocho personas quedaron imputadas, entre ellas integrantes de dos familias que conformaban el núcleo del grupo delictivo. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas detenciones, mientras la Justicia busca determinar la magnitud total de la estafa y la cantidad de damnificados en todo el país.