La resolución sobre el pedido de detención del presidente de la AFA y su tesorero enfrenta un nuevo trámite judicial por una recusación, lo que podría extender el proceso.
La definición en torno al pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, podría extenderse en el tiempo debido a un trámite judicial pendiente. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, solicitó el viernes la indagatoria y detención de los directivos y otras personas. Ahora, la petición debe ser resuelta por el juez federal Sebastián Argibay, quien retoma sus actividades el próximo martes.
Sin embargo, antes debe resolverse un conflicto procesal. El fiscal Simón recusó al juez Argibay en 2024, argumentando que la hija del magistrado, Pilar Argibay, le vendió un campo a Darío Toviggino, hermano de Pablo. Esta operación forma parte de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero. El fiscal sostiene que Argibay debe apartarse del caso por esta relación.
La recusación espera la resolución de la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Desde la oficina del fiscal Simón se indicó que, dada la amplia difusión del caso, se espera que Cossio se pronuncie este mismo lunes. El fiscal destacó que se trata de una investigación compleja, con cuatro meses de análisis de documentación bancaria y de diversos organismos.
Se plantean dos escenarios posibles: si se acepta la recusación y Argibay se aparta, debería subrogar el magistrado federal Guillermo Molinari. Si Molinari se excusa, la causa podría pasar a Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez de Catamarca, o al único titular de Tucumán, José Díaz Vélez.
