La cooperativa láctea presentó formalmente la solicitud de quiebra ante el juzgado de Rafaela. La decisión final ahora depende de la resolución judicial.
El pedido de quiebra de SanCor dejó de ser un rumor y se convirtió en un hecho formal. Este 16 de abril, la presentación fue incorporada al expediente judicial del concurso de acreedores que tramita la cooperativa. El escrito, firmado por el presidente del Consejo de Administración, Oscar Juan Sapino, y su abogado, fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich. Allí se solicita la «declaración de propia quiebra por frustración del concurso preventivo», proceso iniciado en febrero del año pasado. El juzgado ya tomó nota del pedido y lo dejó en estado de resolución.
El expediente incluye el acta de una asamblea del Consejo de Administración del 8 de abril, donde la cooperativa describe su situación con crudeza. En el documento, la conducción reconoce que se encontraría «técnicamente en cesación de pagos» y que enfrenta una «imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de propuestas de acuerdo preventivo». Detalla que el relanzamiento de la empresa «se vio afectado por la imposibilidad de la puesta en marcha de la plena actividad industrial», lo que impidió financiarse con su propio flujo de fondos y derivó en un aumento de la deuda.
En la presentación judicial, la empresa sostiene que «no ha logrado recomponer su operación ni generar ingresos suficientes», pese a intentos y acuerdos con terceros. Describe un contexto de restricciones al crédito, falta de capital de trabajo y costos insostenibles, lo que llevó a la «imposibilidad de atender regularmente las obligaciones exigibles», incluyendo salarios e impuestos.
Paralelamente, SanCor informó la convocatoria a una asamblea extraordinaria de asociados para el 30 de abril, donde se buscará ratificar la decisión del Consejo de Administración.
Ahora, el foco está en la Justicia. El juez Gelcich deberá definir si declara la quiebra, lo que implicaría pasar a una etapa de liquidación bajo control judicial. En ese caso, los activos de SanCor (plantas, marcas, bienes) quedarían bajo administración de un síndico para su eventual venta y pago a acreedores. También podría evaluarse alguna forma de continuidad limitada de las operaciones.
La causa llega en un momento crítico. SanCor acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores verificados. Según el gremio Atilra, la empresa adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos. Su actividad operativa se mantiene a niveles mínimos, con plantas funcionando parcialmente.