La Unión Docentes Argentinos (UDA) se refirió a la reestructuración del gabinete provincial que fusiona las carteras de Educación y Trabajo, expresando preocupaciones sobre el enfoque y sus implicancias para el sector.
Nancy Agüero, secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), se refirió a los cambios en el gabinete provincial, donde el Ministerio de Educación pasará a depender del Ministerio de Trabajo, conducido por Verónica Soria. Agüero consideró la medida como «predecible», dado el rol decisorio que la ministra ya tenía en las negociaciones educativas.
La dirigente señaló que esta estructura replica un «criterio economicista» tomado del gobierno nacional, pero destacó una diferencia clave: a diferencia de la cartera nacional, el Ministerio de Educación de Catamarca sí tiene escuelas a su cargo y debe formular políticas pedagógicas directas. «Se pretende una educación de primera cuando se pagan salarios de cuarta con normativas que son un castigo para el sector», afirmó.
Agüero fue crítica con el reciente acuerdo salarial, al que calificó de «extorsivo». Según su versión, el Gobierno condicionó la estabilidad laboral para forzar la firma de aumentos del 10% y 5%, cifras que, a su juicio, dejan los salarios por debajo de la línea de pobreza.
Frente a la nueva etapa, la titular de UDA adelantó que solicitarán una audiencia con la ministra Soria para conocer el rumbo de la gestión. Subrayó la necesidad de que el área sea conducida por alguien con formación docente: «Debería haber un docente que realmente conozca lo que es estar en el aula; zapatero a su zapato».
Asimismo, denunció una crisis de institucionalidad en el co-gobierno escolar, indicando que la Junta de Clasificación tiene mandatos vencidos y está siendo cubierta por designaciones del Estado, lo que dilata la convocatoria a elecciones.
En otro orden, Agüero celebró el fallo judicial obtenido por UDA y la CGT a nivel nacional, que suspende el artículo 101 de la reforma laboral. Dicha norma buscaba declarar a la educación como «servicio esencial» para obligar a una cobertura del 75% de los cargos durante las huelgas. «Es una manera de que los docentes puedan continuar expresando su disconformidad», concluyó.