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El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires detalló el mecanismo automático de información a la Unidad de Información Financiera para transacciones de personas políticamente expuestas, diferenciándolo de los reportes por sospechas.
En el contexto de la discusión pública sobre operaciones inmobiliarias que involucran a funcionarios, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) se reportan de manera obligatoria y automática a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin importar el monto. La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, explicó que este proceso forma parte de reportes mensuales sistemáticos.
«Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF. No importa el monto por el que haya comprado, es automático», sostuvo Tato en declaraciones radiales. La dirigente diferenció este procedimiento del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se activa específicamente cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. Señaló que es poco frecuente que los escribanos emitan un ROS, ya que las operaciones con inconsistencias suelen frenarse antes de concretarse. No obstante, aclaró que, si la transacción se lleva a cabo y persisten las sospechas, el profesional está obligado a informar.
Respecto al caso particular que involucra a una escribana en la polémica pública, la titular del Colegio evitó referirse a responsabilidades individuales, pero confirmó que la institución sigue de cerca el expediente y colabora con la Justicia como auxiliar, remitiendo la documentación que se le solicita.
Durante la entrevista, Tato remarcó que todos los clientes, sin excepción, deben justificar el origen de sus fondos mediante declaraciones juradas y documentación respaldatoria. Los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos, lo que puede derivar en mayores exigencias de control.
En esa línea, defendió el rol del Colegio frente a cuestionamientos y destacó su capacidad disciplinaria. «Resguardamos que el ejercicio profesional se realice correctamente», afirmó, subrayando que la entidad puede impulsar sanciones severas, incluso la destitución de matriculados, antes de que intervenga la Justicia.
Por otra parte, Tato se refirió a la protección de la vivienda —conocida antes como «bien de familia»— y resaltó su importancia como herramienta legal para resguardar el patrimonio. Recordó que, desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, este beneficio se amplió y puede ser solicitado también por personas solas.
Finalmente, la presidenta del Colegio rechazó que la actividad notarial sea hereditaria y destacó que el acceso a la profesión se realiza mediante exámenes anónimos basados en la meritocracia. «Llegar a ejercer es muy difícil y quien firma se obliga con todo su patrimonio», concluyó.