Con dictamen obtenido y sesión especial convocada para este miércoles, la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado busca convertirse en ley. La reforma redefine el objeto de protección y otorga mayores facultades a las provincias.
El proyecto de modificación a la Ley de Glaciares superó su paso por comisión y está listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo elevó un pedido formal para una sesión especial este miércoles, con el objetivo de lograr la sanción definitiva.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, fue ampliamente discutida en audiencias públicas. Si bien hubo quejas sobre los métodos de selección de participantes, el oficialismo logró los consensos necesarios para avanzar.
Para la sesión, se parte de una base de 127 legisladores adheridos al pedido, a solo un diputado del quórum requerido. Desde el oficialismo se mostraron optimistas en alcanzar las adhesiones necesarias, contando con el apoyo de bloques como Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Encuentro Federal.
Esta reforma a la Ley 26.639 es ampliamente apoyada por las provincias mineras. El proyecto redefine el artículo 1° para precisar que el objeto de protección son los glaciares y geoformas del ambiente periglacial «que cumplan funciones hídricas», ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.
Entre los cambios principales, se incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales. Además, se propone el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental provincial verifique que carece de funciones hídricas.
La verificación y la información para actualizar el inventario dependerán de cada provincia y del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). El nuevo régimen de prohibiciones se aplicará únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad local.
Finalmente, el texto faculta a las provincias a determinar, mediante una evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, en consecuencia, si puede o no ser autorizado.