El subcomisario Simón Ibáñez, imputado por el asalto a mano armada, apeló la prisión preventiva que dictaron en su contra.
El policía, a través de su defensa, volverá a pedir que se le otorgue la libertad, pero esta vez lo hará en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.
El 10 de marzo, la jueza de Control de Garantías N° 2, Cecilia Mas Saadi, resolvió que Ibáñez continúe preso de manera preventiva. La medida había sido solicitada por el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, del Distrito Norte, quien conduce la investigación en contra del hombre.
Ibáñez, quien está imputado por el delito de “robo calificado por el uso de armas, agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad”, se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.
Está siendo investigado por el asalto ocurrido el 26 de enero pasado, en la zona norte de la ciudad Capital.
La pesquisa se inició a partir de actuaciones de oficio labradas por la comisaría Séptima, a las que se sumó la denuncia del damnificado.
Con el avance de las diligencias se incorporaron distintos elementos probatorios que permitieron individualizar al presunto autor, solicitar su arresto y concretar procedimientos en los que se secuestraron elementos de interés para la causa.
En el marco de la investigación también se realizó una rueda de reconocimiento, en la que la víctima identificó al imputado.
Con ese resultado y el resto del material probatorio reunido, el fiscal dispuso el pase a detenido.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de enero en un local comercial del rubro Rapipago, ubicado en el norte.
En ese contexto, el autor habría amenazado con un arma de fuego al propietario del comercio, apoderándose de una suma millonaria de dinero para luego darse a la fuga.
Esta causa en la que está involucrado el subcomisario Ibáñez generó un fuerte impacto en la comunidad y en la fuerza de seguridad por las características del hecho.
En los fundamentos del dictado de la prisión preventiva, Mas Saadi resaltó -entre otras cuestiones- que Ibáñez “reviste la calidad de funcionario policial en actividad, lo que implica que habría aprovechado su condición de miembro de la fuerza de seguridad, así como los conocimientos operativos propios de su función, para facilitar la comisión del hecho y procurar su impunidad”.
También destacó la magnitud de la peligrosidad demostrada por el acusado que “siendo agente del orden y custodio de la sociedad, a quien ésta le proporcionó una capacitación especial y pagó un sueldo, justamente para su resguardo y prevenir la comisión de hechos delictivos, no vaciló en vulnerar la confianza y los intereses que el Estado había puesto bajo su guarda”.
Además, señaló “la demostración de violencia desplegada durante el hecho” y consideró que es un indicador que amerita “sostener la detención cautelar” porque una medida menos gravosa “no neutralizaría los peligros procesales señalados”.