“Ninguna de las partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión”, dice el artículo 26.3 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur ratificado por el Congreso. Este es uno de los artículos que, advierten distintas organizaciones ambientalistas, entraría en conflicto con la reforma de la Ley de Preservación de los Glaciares que obtuvo media sanción en el Senado.
En caso de que ambos proyectos obtengan sanción definitiva, “ingresaremos en un escenario de incoherencia normativa que inevitablemente debilitará la seguridad jurídica y la confianza que reclaman los inversores europeos para desarrollar proyectos en la República Argentina”, explican en un comunicado conjunto la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, la Fundación Biodiversidad Argentina y Aves Argentinas. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Senado pretende disminuir los umbrales de protección de glaciares y del ambiente periglacial” y representa un esfuerzo en el sentido contrario a lo acordado: hacia “la desregulación de la protección ambiental uniforme en todo el país”, continúan. Si esto se materializa, “Argentina incurrirá en incumplimientos y violaciones al acuerdo” y esos incumplimientos, sostienen, “podrían significar su suspensión”.
En definitiva, el proyecto podría habilitar la explotación minera en áreas en las que hoy están prohibidas y traspasaría a las provincias la decisión de definir cuáles son las zonas protegidas y cuáles no. “Este proyecto de ley presenta una concepción de derecho de propiedad absoluto y exclusivo a partir del cual las provincias operarían sobre los glaciares como señores feudales sin importar que estemos en presencia de un derecho colectivo como lo es el ambiente”, explican desde FARN.
La ley actual (26.639), vigente desde 2010, creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), encargado de identificar y caracterizar las masas de hielo del territorio nacional. Con la modificación de la norma ya no serán individualizados todos los glaciares, sino solamente aquellos “que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Este condicionante, advierten desde FARN, “se vincula con los fundamentos del proyecto de ley: los gobernadores provinciales que conforman la Mesa del Litio y del Cobre (Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan) solicitaron que, para definir la protección de las geoformas ubicadas en el ambiente glaciar y periglacial, se determine su función hídrica y efectiva y que sean las provincias las encargadas de realizar esa tarea”. Esto último, señalan desde esta Fundación, no solamente altera la manera de determinar las áreas protegidas, también es inconstitucional. El proyecto de ley en cuestión “omite cualquier referencia a qué herramientas técnicas utilizarán las provincias y qué pruebas científicas brindarán para ignorar el inventario y desproteger a los glaciares”.
Volviendo al acuerdo con la Unión Europea, el reclamo de las organizaciones recalca que este convenio establece que, a la hora de implementar medidas destinadas a proteger el medio ambiente, “cada parte se asegurará de que la evidencia técnica y científica en la que se basen proceden de órganos científicos y técnicos reconocidos”.
Los proyectos que avanzaron aún con la ley vigente
En algunas de las provincias interesadas Greenpeace denunció el avance de actividades que, bajo la legislación actual, están prohibidas. En su sitio web presentan fotografías del sobrevuelo de proyectos mineros de San Juan, “donde se observan aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para futuras tareas exploratorias en sectores de alta montaña donde la normativa vigente restringe este tipo de actividades”.
“Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental: en lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la ley, se busca ajustar la ley a los proyectos que ya están avanzando en zonas protegidas”, aseguró en una nota de la asociación Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. “Lo que algunos llaman ‘brindar seguridad jurídica’ termina siendo adaptar la norma para que actividades en infracción estén habilitadas, porque el nuevo marco es más flexible. Esa decisión impactará directamente en la seguridad hídrica del país”, sintetizó la experta.
A la preocupación medioambiental se suma la advertencia económica de las asociaciones respecto a un convenio que abrirá las puertas a la Argentina a un mercado de 700 millones de personas. Y la cuestión no termina en la modificación de la ley que protege los glaciares. “El Gobierno tiene en carpeta avanzar contra otras leyes ambientales como la Ley de Bosques o Acuicultura. Y esas reformas también irían en contra del Acuerdo UE-Mercosur”, sintetizaron en diálogo con PERFIL desde FARN.