La Secretaría de Transporte de Catamarca salió al cruce de versiones que advertían sobre una eventual reducción de horarios en el servicio de transporte público de pasajeros y aseguró que no existen deudas en el pago de subsidios provinciales ni del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).
A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que durante el ejercicio 2025 el Estado provincial destinó $10.366.610.043,92 para sostener el sistema, entre subsidios a la oferta y aportes al BEG en el Valle Central.
En concepto de Subsidio Provincial al Transporte Público se transfirieron $7.231.524.688,55 a lo largo del año, mientras que el Boleto Estudiantil Gratuito demandó $3.135.085.355,37. Desde la Secretaría remarcaron que estos montos fueron ejecutados con partidas presupuestarias autorizadas y que “no se registran períodos de tres o cuatro meses adeudados”, como se indicó públicamente en algunos sectores.
Servicio esencial y sin cambios autorizados
En relación con la posible reducción de frecuencias, la cartera recordó que el transporte público está regulado por la Ley Provincial N° 4906, que lo define como un servicio esencial bajo los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad.
En ese marco, subrayaron que cualquier modificación en horarios o frecuencias requiere autorización expresa de la autoridad de aplicación y que, hasta el momento, no se aprobó ninguna reducción.
Asimismo, advirtieron que las empresas concesionarias no pueden disponer cambios unilaterales que afecten la prestación. En caso de incumplimiento, la Secretaría está facultada a aplicar sanciones que van desde llamados de atención y multas hasta la suspensión o caducidad de la concesión, además de adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio.
Análisis de costos
Sin embargo, el organismo reconoció que se registra una disminución significativa en la demanda del servicio y confirmó que se convocó a las empresas a una mesa técnica de trabajo para analizar la estructura de costos y las variables económicas del sistema.
El objetivo, indicaron, es evaluar la situación con criterios técnicos, transparencia y responsabilidad fiscal, priorizando el sostenimiento del servicio y la protección de los usuarios.
Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte reafirmaron el compromiso del Gobierno provincial con la continuidad del servicio, la correcta administración de los recursos públicos y el derecho de los catamarqueños a una movilidad segura y previsible.