El presidente Javier Milei deberá afrontar el cuarto paro general que la CGT determina en los dos años y dos meses desde que asumió su gobierno. Se trata de una protesta clave: será el día en que se trate en Diputados la reforma laboral, que puede ser este jueves 19 o el miércoles 25 de febrero y será una protesta para volver a expresar su rechazo frente a cambios que consideran contrarios a los derechos de los trabajadores.
«Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional», afirmó Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), quien asumió la conducción de la central el año pasado junto a Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).
El sindicalista también alertó que el proyecto de la reforma laboral busca debilitar el rol del sindicalismo al promover «la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas». En términos históricos, evaluó que la reforma representa «la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas» y advirtió que podría profundizar la destrucción del entramado productivo si no se modifica su orientación.
La UTA, La Fraternidad y los pilotos de avión confirmaron que van a acatar «plenamente» el paro general nacional, de manera que no habrá transporte.
Paro general: una de las últimas cartas de la CGT contra la reforma
Se trata de una jugada en la que la CGT se juega su última carta contra la reforma laboral. La conducción definió que la huelga se realizará sin movilización a la calle, una decisión con peso político tras lo ocurrido frente al Congreso durante el debate en el Senado, cuando la protesta quedó opacada por incidentes entre las fuerzas de seguridad y columnas de izquierda.
En el seno de la central obrera admiten que el escenario social no es el más propicio para una demostración masiva. También deslizan que la discusión sobre eventuales cambios en el régimen de empleo es inevitable.
Ante la ausencia de una gran marcha, la estrategia apunta a mostrar fuerza paralizando el transporte, históricamente el termómetro de los paros generales. En Azopardo descuentan que habrá «adhesión total» de los gremios del sector, con un rol central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que nuclea a los colectiveros.
La convocatoria de la cúpula cegetista fue definida de urgencia luego de que los gremios más duros se adelantaran con anuncios de protestas, lo que aceleró los tiempos internos. En la central obrera sostienen que el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsa un tratamiento exprés del proyecto en el Congreso, pese a que todavía existen puntos controvertidos del texto que obtuvo media sanción en el Senado.
Entre los aspectos pendientes figura el esquema de remuneraciones por licencias médicas, uno de los capítulos que genera mayor resistencia sindical. En este contexto, la CGT busca mostrarse cohesionada frente a sus bases y enviar una señal política clara ante el avance de la reforma laboral.
La central sindical endureció su postura en las últimas horas, tras la presión del Frente de Sindicatos Unidos, integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que ya habían anunciado una medida de fuerza con movilización al Congreso para la fecha en que Diputados trate la iniciativa.
Sin embargo, la cúpula oficialista en la Cámara de Diputados busca acelerar las negociaciones para convertir en ley el proyecto de reforma laboral antes de fin de mes. La intención es clara: sesionar este jueves y avanzar sin dilaciones, pero evitando una derrota en el recinto.
Los tres paros generales que enfrentó hasta ahora el Gobierno de Javier Milei
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Confederación General del Trabajo activó rápidamente su estrategia de confrontación. El primer paro general se realizó el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de iniciada la gestión libertaria.
Fue una señal política fuerte: nunca en democracia un presidente había enfrentado una huelga nacional tan temprano en su mandato. La protesta estuvo dirigida contra el DNU de desregulación económica y laboral, y buscó marcar un límite frente a los cambios estructurales impulsados por el Gobierno.
Aquella primera medida tuvo alto impacto en el transporte y en la administración pública, pero mostró una adhesión heterogénea en el sector privado. En varias provincias la actividad comercial se mantuvo parcialmente activa y el movimiento en calles y centros urbanos fue menor al esperado por la conducción sindical. Desde el oficialismo interpretaron ese escenario como una señal de respaldo social a las reformas en marcha.
El segundo paro general llegó el 9 de mayo de 2024. La CGT amplió el reclamo y apuntó no solo contra la reforma laboral, sino también contra el ajuste fiscal, la caída del poder adquisitivo y el rumbo económico en general. Nuevamente, el transporte fue clave para medir el impacto: con trenes y subtes paralizados, la circulación se redujo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Sin embargo, al igual que en enero, la adhesión fue desigual. Mientras gremios industriales y estatales mostraron acatamiento elevado, en amplios sectores del comercio y los servicios la actividad continuó, aunque con menor intensidad.
El tercer paro general, realizado el 10 de abril de 2025, volvió a evidenciar ese patrón. La medida tuvo presencia sindical y actos de protesta, pero el funcionamiento parcial del transporte en algunas jurisdicciones y la apertura de comercios en distintos distritos diluyeron el alcance nacional que la CGT buscaba exhibir. Incluso dentro del movimiento obrero surgieron matices respecto de la estrategia a seguir frente a un Gobierno que mantiene firme su programa de reformas.
Ese antecedente de adhesión es el telón de fondo del nuevo paro convocado en medio del debate por la reforma laboral. Para la CGT, la discusión parlamentaria representa un punto de inflexión. Para el oficialismo, en cambio, el historial de huelgas con efecto limitado refuerza la apuesta por avanzar con su agenda en el Congreso.