sábado, 14 de febrero de 2026 14:40
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar una red de extorsión digital que operaba desde las cárceles de Olmos y Magdalena. La organización cobró notoriedad nacional tras el trágico final de Rodrigo Gómez, un cabo de 21 años del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos, agobiado por las amenazas de la banda.
La estructura delictiva, que funcionó al menos entre diciembre de 2025 y febrero de este año, utilizaba aplicaciones para contactar a hombres y luego extorsionarlos con la difusión de supuesto contenido íntimo. Mientras siete reclusos dirigían las operaciones mediante el uso de teléfonos celulares desde el interior de los penales, las mujeres ahora detenidas cumplían el rol de «recaudadoras», encargándose de retirar el dinero que las víctimas pagaban bajo presión.
El fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, se opuso firmemente a la libertad de las imputadas, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de que entorpezcan la investigación, dado que aún restan identificar a otros integrantes. Arroyo Salgado coincidió con este planteo, subrayando el peligro del uso irrestricto de dispositivos móviles en las cárceles, calificándolos en este contexto como un «arma letal».
La causa se inició el 16 de diciembre tras el hallazgo del cuerpo de Gómez, quien dejó una carta de despedida pidiendo perdón a su familia por la «estúpida decisión» de terminar con su vida ante el acoso sufrido. Actualmente, la Justicia aguarda los peritajes de los teléfonos secuestrados para determinar el alcance total de las maniobras y localizar a más damnificados por esta red de sextorsión.