Este jueves, la Cámara de Diputados abrió el primer debate del año con una sesión que consolida dos ejes centrales de la agenda del Gobierno nacional: un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La hoja de ruta del gobierno
Ambos proyectos, impulsados por el Ejecutivo de Javier Milei con el respaldo de bloques aliados como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y sectores provinciales, se encaran con trámite acelerado y escasa consulta pública, pese a su impacto profundo sobre derechos sociales, juventud y soberanía económica.
En el centro del debate penal, el oficialismo busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una respuesta punitivista al problema social de la violencia, sin abordar las causas estructurales de exclusión, pobreza y falta de oportunidades que afectan a jóvenes y familias populares. La iniciativa contempla penas de hasta 15 años y medidas de supervisión, recreación y asistencia, incorporando también fondos presupuestarios específicos para su implementación.
Tambien, se discute en el recinto la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tratado de más de 3.000 páginas que el Gobierno presenta como una oportunidad para potenciar exportaciones y atraer inversiones. Estos acuerdos de libre comercio suelen profundizar la dependencia y debilitar industrias y economías regionales, sin garantías reales sobre condiciones laborales, ambientales o de desarrollo autónomo.
La sesión transcurre luego de que el Gobierno consiguiera media sanción en el Senado de su reforma laboral, y se da en un contexto en el que las prioridades oficiales parecen más orientadas a “mano dura” y apertura del mercado que a abordar la caída de salarios, el desempleo y la exclusión social que sufren millones de argentinos.
La izquierda y organizaciones sociales expresaron su rechazo tanto al endurecimiento del régimen penal para jóvenes como al pacto comercial con la UE, señalando que estas discusiones deberían pasar por un debate más amplio y democrático, y que las respuestas al conflicto social no se encuentran en leyes punitivas ni tratados que priorizan capitales transnacionales sobre derechos populares.