La Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto del Gobierno de Javier Milei obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en el tratamiento en general, y ahora pasa al Senado donde el oficialismo buscará transformarlo en ley. Los representantes catamarqueños votaron divididos.
Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila, del bloque «Elijo Catamarca», votaron en contra de la reforma, al igual que Claudia Palladino (Unión por la Patria), mientras que Adrián Brizuela (La Libertad Avanza) acompañó la iniciativa del oficialismo.
Durante el debate, Nóblega y Monguillot hicieron uso de la palabra. Nóblega planteó un llamado a la reflexión sobre los desafíos sociales que atraviesa el país. “Tal vez debiéramos asumir en serio la responsabilidad de preguntarnos por qué llegamos a esta situación. ¿Qué hace el Estado para cuidar a los niños, a los adolescentes? Nada. No sirve echar culpas; lo que sirve es que cada estamento del Estado lleve adelante políticas públicas que permitan trabajar coordinadamente”, expresó. Además destacó que el bloque catamarqueño presentó un dictamen propio con la intención de visibilizar la realidad del interior del país en una discusión que —a su juicio— trasciende las capitales.
En ese contexto, Nóblega procedió a leer en el recinto la carta enviada por el juez penal juvenil Rodrigo Morabito al presidente Javier Milei, con reflexiones sobre la situación de los jóvenes y la necesidad de políticas públicas enfocadas en la protección y el acompañamiento de la infancia y la adolescencia.
Demagogia punitiva
Por su parte, el diputado Fernando Monguillot manifestó su rechazo al proyecto y lo calificó como demagogia punitiva que busca soluciones simplistas a problemas sociales profundos. «Tener un adolescente frente a un juez penal es el fracaso de todas las políticas públicas previas. Es una familia que no pudo contener y no tuvo la ayuda para sostener. Es una escuela que no tuvo los recursos necesarios para llegar a tiempo», expresó.
Monguillot advirtió que se trata de un debate sensible pero que no se puede legislar bajo emoción violenta, poniendo el clima mediático por encima del problema real. «Esto no va a reducir el delito, no va a proteger a la comunidad y, por más firme que suene la decisión y el proyecto de ley, si es ley va a ser una mala ley», afirmó el legislador.
El diputado catamarqueño señaló que bajar la edad de la imputabilidad es el camino más fácil y va en dirección opuesta de lo que establece el Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia interamericana, que establecen de forma uniforme que la penalización temprana solo trae efectos criminógenos.
Además, recordó su experiencia como ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia y señaló que la seguridad no empieza en la comisaría ni termina en el servicio penitenciario. «En Catamarca apostamos a llegar antes con mucho esfuerzo, haciendo inversiones en programas de infraestructura deportiva, invirtiendo en cultura y recreación para nuestros jóvenes», expresó.
Conflicto por los costos
El legislador cuestionó duramente el federalismo del proyecto. «Este proyecto tiene un problema estructural: traslada costos a las provincias, propone la creación de equipos interdisciplinarios, cuerpos especializados, más plazas de detención, más personal para el sistema y más infraestructura», señaló Monguillot.
El diputado recordó que existe un convenio entre Nación y la provincia de Catamarca para el alojamiento de presos federales, por el cual Nación debe pagar a la provincia $2.000 diarios por cada preso. «La verdad que no es ni un kilo de pan, señor presidente. Aún así, Nación adeuda todo 2024 y todo 2025, recayendo toda esta responsabilidad una vez más sobre la provincia de Catamarca», denunció.
Monguillot afirmó que no hay una articulación federal sino un traslado de responsabilidades. «Permítanme que no creamos en ese plan de infraestructura del que hablan o en esa cooperación de la que hablan cuando Nación ni siquiera está cumpliendo con esta obligación que por convenio tiene», expresó.
El legislador planteó que hay dos modelos de Estado que se discuten: un Estado que llega antes a través de más derechos, más escuela, más deporte y más comunidad; o un Estado que llega después con expediente, con celda y con condena. «Este proyecto elige la consigna más fácil, no mejora la seguridad, no fortalece a las provincias y no protege a nuestros jóvenes», concluyó.
La Libertad Avanza había conseguido el apoyo de PRO, del radicalismo y de bloques provinciales. El kirchnerismo y la izquierda rechazaron el proyecto. Ahora la iniciativa pasa al Senado, donde el oficialismo buscará los votos necesarios para convertirla en ley. La reforma penal juvenil es junto a la reforma laboral una de las principales apuestas parlamentarias del Gobierno en este arranque de 2026.
Pedido por la liberación de Nahuel Gallo
Después de la votación, el bloque Elijo Catamarca planteo una cuestión de privilegio, y pidió que el gobierno Nacional intensifique gestiones diplomáticas y consulares por el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo desde diciembre de 2024.
“Solicitamos la intervención al Poder Ejecutivo que arbitre, con carácter urgente, todos los medios diplomáticos, políticos y consulares a su alcance con el fin de exigir la liberación de Nahuel Gallo”.
«Ante la falta de novedades sobre su liberación, consideramos imperativo que la Cancillería y el Ministerio de Seguridad, amplíen las gestiones a través de los canales institucionales correspondientes con el gobierno de Venezuela», concluyeron.