La prensa oficial del Gobierno de Catamarca, informo que en el marco de las actividades programadas por el gobierno provincial en la ciudad de Fiambalá, con las participaciones de distintas áreas de Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, encabezó una reunión informativa de la que participaron productores locales del sector vitivinícola, en la que se definieron mecanismos de intervención del Estado en la presente campaña de cosecha y acarreo de uva con destino a mosto.
En el encuentro, del que también participó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, se anunció que, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa estatal AICAT, se otorgará un subsidio no reintegrable de 50 pesos por kilo de uva, el que, sumado al aporte del sector empresario mostero, que fijó un precio de 120 pesos por kilo, los productores percibirán un valor total de 170 pesos por kilogramo de vid.
De esta forma, y por directivas directas del gobernador Raúl Jalil, el gobierno provincial interviene con ayuda para un sector importante de la economía regional que está atravesando un momento de crisis que abarca a las más importantes provincias productoras de vino.
Durante el encuentro se estableció la firma de un convenio entre la cartera que conduce Leonardo Zeballos, la Municipalidad de Fiambalá y los propios productores, donde se establecerán formalmente las condiciones de comercialización.
De allí surgió que, para garantizar la agilidad y transparencia del proceso, el Ministerio de Desarrollo Productivo será el encargado de realizar el pesaje oficial de la carga y, posteriormente, el subsidio será transferido de forma directa a la cuenta bancaria de cada productor. Este mecanismo busca asegurar que el beneficio llegue sin intermediarios, otorgando además al productor la libertad de elegir el destino de venta de su producción.
El ministro Zeballos destacó en la reunión el diálogo que se viene manteniendo con los productores, al que calificó de «muy constructivo», y subrayó que las medidas están destinadas a asegurarle rentabilidad al pequeño y mediano productor en el marco de las dificultades que está atravesando el sector vitivinícola.