sábado, 3 de enero de 2026 09:50
El Gobierno nacional inició el año 2026 con la puesta en vigencia de un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilita a sus agentes a aprehender personas en determinadas circunstancias, incluyendo la comisión de delitos en flagrancia.
La medida generó un fuerte rechazo desde la oposición, que denunció la conformación de un “Estado policial” orientado a la persecución política y social. En paralelo, desde el Poder Ejecutivo confirmaron que avanzan en la confección de un protocolo específico para regular las aprehensiones realizadas por agentes de inteligencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
En concreto, el decreto 941 autoriza a los agentes de la SIDE a detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, siempre que se cumpla con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
El protocolo en elaboración tendrá como objetivo establecer con precisión las circunstancias puntuales en las que los agentes estarán habilitados para realizar aprehensiones, así como delimitar qué personal podrá intervenir en este tipo de procedimientos, con el fin de evitar abusos o interpretaciones discrecionales de la norma.
La decisión de avanzar con una reglamentación específica se produce en medio de un debate político y jurídico sobre los alcances del DNU, que modifica funciones históricamente reservadas a las fuerzas de seguridad y amplía las atribuciones de los organismos de inteligencia.
Asimismo, el decreto dispone cambios en los mecanismos de control interno de la SIDE. A partir de la nueva normativa, las actividades del organismo —cuyo control político depende del asesor presidencial Santiago Caputo— quedarán bajo la supervisión de la recientemente creada Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza a la anterior División de Asuntos Internos.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para fortalecer la lucha contra el delito y mejorar la coordinación entre organismos del Estado, sectores de la oposición y especialistas en derechos humanos advierten sobre el riesgo de avanzar sobre garantías constitucionales y reclaman un mayor control parlamentario de las actividades de inteligencia.