La pareja de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño detenido en Venezuela, denunció las amenazas de muerte que, según sostiene, el suboficial recibe en prisión. A través de su cuenta de X, María Alexandra Gómez hizo pública la dramática situación que estaría viviendo el argentino, que será consignada formalmente en una presentación que se realizará este martes ante Cancillería.
La convocatoria fue difundida por Gómez, que publicó un extenso mensaje en el que afirmó que existen datos que obligan a denunciar “la tortura psicológica” que padecen personas “retenidas ilegal y arbitrariamente” en la cárcel El Rodeo I. La mujer apuntó a los responsables políticos del gobierno venezolano y advirtió sobre la gravedad de la situación intramuros: “Las amenazas de muerte hacia quienes están vulnerados de sus Derechos Humanos hablan del grado de violencia de custodios y directivos”, escribió en redes sociales.
En ese marco, responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro, al dirigente oficialista Diosdado Cabello, al fiscal general Tarek William Saab y a las autoridades del penal por “lo que pase a los extranjeros”. También calificó la situación de Gallo como desaparición forzada y reclamó su regreso “sano y salvo”.
La denuncia se produce cuando se cumplen 379 días desde la detención del gendarme argentino. “La denuncia es hoy, mañana y todos los días hasta que esté con nosotros en casa”, subrayó Gómez, que convocó a acompañar el reclamo bajo la consigna #LibertadParaNahuelYA.
El caso sumó respaldo político desde el Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “dos argentinos están secuestrados e incomunicados por el régimen de Maduro, sometidos a amenazas de muerte” y exigió que Nahuel Gallo y Germán Giuliani regresen a la Argentina. “Nada detendrá el trabajo para que esto suceda”, señaló.
A partir de la presentación que se realizará , la familia buscará ampliar el reclamo internacional ya iniciado por el Estado argentino ante organismos multilaterales, con el objetivo de que se incorpore formalmente la denuncia por amenazas de muerte y tortura psicológica en el marco de una detención sin proceso judicial. El foco estará puesto en la incomunicación prolongada, la ausencia de imputaciones formales y la falta de acceso consular regular, elementos que, según especialistas, configuran un cuadro de detención arbitraria agravada.
Gallo permanece privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024, acusado de delitos como espionaje y terrorismo, sin acceso a una defensa independiente ni comunicación fluida con su familia. Para sus allegados, el caso se inscribe en una práctica sistemática del gobierno venezolano, que mantiene rehenes extranjeros en distintos centros de detención para condicionar relaciones diplomáticas, forzar silencios o responder a gestos considerados hostiles.
En el Gobierno argentino reconocen que el expediente se convirtió en uno de los temas más sensibles de la relación con Caracas, hoy virtualmente paralizada. La estrategia oficial combina reclamos formales, exposición pública y coordinación con otros países cuyos ciudadanos atraviesan situaciones similares, en un intento por internacionalizar el costo político de la detención. Para la familia, sin embargo, el objetivo inmediato es más urgente y concreto: preservar la vida de Nahuel Gallo.