La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se mantuvo en la Cámara de Diputados para no perder su banca, luego de renunciar al Senado en medio de un escándalo vinculado al narcotráfico. Sin embargo, la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de San Carlos de Bariloche dispuso una medida cautelar para embargar sus haberes en el marco de una demanda por fraude en la compraventa de un lote en Las Grutas.
El embargo preventivo sobre Villaverde será hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos, según la resolución dictada por el juez Santiago Morán. El magistrado, que aún no definió la cuestión de fondo, consideró cumplidos los requisitos para dictar la cautelar, debido a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora.
La denuncia contra Villaverde fue presentada por un vecino de Río Negro por el fraude en la compraventa de un lote en la ciudad balnearia de Las Grutas. El embargo deberá cubrir 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.
El denunciante demandó a Villaverde por haber recibido un boleto de compraventa con firmas certificadas, pero sin haber obtenido la posesión del inmueble. El juez Morán validó el embargo preventivo al considerar acreditada la existencia de cartas documento, recibos y constancias de mediación entre las partes. Morán libró un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que cumpla con el apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.
Esta causa se suma al escándalo por narcotráfico que la diputada de La Libertad Avanza enfrenta desde la campaña electoral, cuando se hicieron públicos registros judiciales del Estado de Florida que indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de intentar comprar un kilo de cocaína por 17 mil dólares.
Además, Villaverde mantiene un vínculo cercano con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y aportante de la campaña presidencial de José Luis Espert, vínculo que derivó en la renuncia de del diputado.
Los bienes de Espert, congelados por 90 días
La Justicia congeló todos los bienes en el país de José Luis Espert, de su esposa, su hijo y varios socios y familiares, con los que comparte sociedades y fideicomisos. La medida, que regirá por 90 días, fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Federico Domínguez, en el marco de la causa por lavado de dinero que investiga los 200 mil dólares que Espert habría recibido de Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según la resolución, los bienes no podrán ser vendidos, transferidos ni gravados, con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que frustren un eventual decomiso de activos de origen ilícito.
Se trata de la decisión judicial de mayor alcance desde que Espert fue imputado, a comienzos de octubre, cuando ya formaba parte del expediente la hipótesis de que los fondos recibidos para su campaña presidencial de 2019 provenían de actividades ilícitas atribuidas a Machado.
La medida también alcanza a María Mercedes González, esposa de Espert; a Claudio Alberto Ciccarelli; a Gustavo Sergio Espert, hermano del exdiputado; y a empresas del entorno familiar. Entre los bienes congelados figuran inmuebles, vehículos, sociedades comerciales y el sello electoral Avanza Libertad, además de la quinta de Espert en Escobar, donde se halló una factura de exportación por 300 mil dólares emitida por Wellington Capital Markets Ltd, firma con domicilio en Australia y CUIT en Panamá.