El Gobierno nacional fracasó en su intento de contrabandear dentro del Presupuesto la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Educativo y los regímenes de subsidios al gas en las zonas frías y actualización automática de las asignaciones familiares.
Se trata de un caso típico de cabritos contados antes de la parición: engolosinados por la seguidilla de éxitos que se le viene dando desde las elecciones, los libertarios sobreestimaron el alcance de los acuerdos celebrados para lograr la anuencia mayoritaria para sacar la ley.
Las múltiples versiones que circularon sobre las causas de la frustración coinciden en que los asuntos apilados en el Título XI no formaron parte de las tratativas previas con los diferentes bloques, cosa por otra parte muy verosímil si se tiene en cuenta el respaldo parlamentario y social que en su momento obtuvieron la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Educativo.
Son leyes que el Congreso anterior aprobó con amplias mayorías, muy sensibles para la opinión pública, cuya aplicación está suspendida. Meterlas en las negociaciones hubiera dificultado la tarea de los encargados de juntar los votos necesarios para sacar el Presupuesto con la celeridad que la Casa Rosada demandaba, pero los estrategas libertarios se jugaron a que los aliados, una vez en el brete, los apoyarían.
Los primeros indicios de que tal apuesta no era razonable se dieron desde el principio. La sorpresiva incorporación de ambos temas a la agenda presupuestaria ya había superpuesto sus previsibles rechazos a los de la Reforma Laboral y hubo problemas para reunir el quórum. Se juntó rápidamente, pero la escena ya era otra, porque lo que estaba en juego era distinto: una cosa era el aval al Presupuesto como herramienta de gestión y otra derogar leyes y regímenes.
El Gobierno nacional metió para aprobar en el Presupuesto temas que no habían sido acordados en las tratativas previas. El Gobierno nacional metió para aprobar en el Presupuesto temas que no habían sido acordados en las tratativas previas.
El ala libertaria avanzó de todos modos con una argucia reglamentaria: que el tratamiento en particular se hiciera por títulos y no por artículos. Y para asegurarse los votos del PRO, incluyó en el Título XI los aportes automáticos del Tesoro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación mochada en tiempos de Alberto Fernández.
Es decir que el oficialismo introdujo primero temas cuyo tratamiento no se había acordado previamente y después quiso forzar a todos los miembros del heterogéneo arco opositor amigable a comprometerse en la derogación de dos leyes y dos regímenes calzados junto a otros asuntos dentro de un título con 12 artículos. Así le fue: el Título XI fue rechazado en su totalidad.
El traspié dio paso a las clásicas dramatizaciones. “El Presupuesto así no sirve” y Milei podría vetarlo, advierten fuentes libertarias en “off the récord”.
Pero el problema, desde una perspectiva más amplia, no pasa por los calados en el equilibrio fiscal de la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Educativo o los subsidios a la energía en las zonas frías, sino por el modo en que el régimen libertario pretende edificar los acuerdos que, se conjetura, redundarían en previsibilidad institucional y política.
Pero para que tengan tal efecto, los acuerdos tienen que sustentarse en algo más trascendente que los cíclicos intercambios de favores, cosa cuya importancia se advierte en cuanto se tiene en cuenta que un nervio medular de la relación con los gobernadores pasa por la distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias.
Ese tema, materializado en proyectos legislativos e incluso leyes ya sancionadas, fue desplazado por otras urgencias, pero sigue latente.
El Gobierno ganó las elecciones de medio término, es cierto. Lo que expuso su inesperada derrota en la Cámara baja es lo que falta para que nazcan los cabritos. Conviene no anticiparse en el conteo.