En el arranque de 2026, el 9 de enero, el Tesoro Nacional afrontará un compromiso clave: el pago de amortizaciones y cupones de bonos soberanos por aproximadamente u$s4.300 millones. Este vencimiento representa uno de los tests más exigentes del calendario de deuda para el año, en un contexto donde el equipo económico prioriza la solvencia sin recurrir a reservas del BCRA ni generar presiones cambiarias.
El ministro Luis Caputo expresó confianza en la capacidad de cumplimiento, apoyado en fuentes de fondos ya aseguradas o en negociación avanzada. Entre ellas destaca la colocación reciente de un nuevo Bonar en dólares por cerca de u$s1.000 millones a una tasa efectiva del 9,26%, que significó el regreso voluntario al mercado de deuda en moneda extranjera tras ocho años.
Se suman las compras directas de divisas por parte del Tesoro, estimadas en torno a u$s1.000 millones, y los ingresos por la concesión de centrales hidroeléctricas del Comahue, que generaron ofertas por más de u$s700 millones.
El «repo niño»: una herramienta clave, flexible y ya probada
Un elemento central del esquema es el «repo niño», un préstamo respaldado en títulos públicos (operación de recompra o repurchase agreement) con bancos internacionales. Esta modalidad, de plazo corto a mediano (generalmente entre 1 y 3 años), permite captar dólares frescos entregando bonos soberanos como garantía —típicamente Globales, Bonar o Bopreales—, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura más intereses. La tasa suele referenciarse a benchmarks más un spread, resultando en costos competitivos para el contexto argentino.
El apodo «niño» alude a su carácter moderado en monto y complejidad, en contraste con líneas multimillonarias o swaps bilaterales. Fuentes del mercado indicaron a Ámbito que, para este vencimiento, el Gobierno negocia con bancos globales una operación que podría rondar los u$s1.000 millones, si bien la baja del riesgo país por estas horas podría incrementar ese monto hasta los u$s1.500 millones, aunque las ofertas recibidas superan los u$s7.000 millones, según trascendidos recientes. Esta flexibilidad permite tomar solo lo necesario, evitando sobrecargar el balance.
Se trata de una alternativa ya probada con éxito durante 2025: en enero se concretó un repo inicial por u$s1.000 millones, ampliado en junio a u$s2.000 millones adicionales con entidades como Santander, BBVA, JPMorgan, Citi, ICBC y otros. Estas operaciones, respaldadas en títulos como Bopreales, fortalecieron reservas sin impactos directos en el mercado cambiario ni tasas astronómicas.
Con estas fuentes combinadas —emisión de Bonar, compras del Tesoro, privatizaciones y repo—, el Gobierno cubre una porción mayoritaria del vencimiento, enfocándose en mecanismos que, en su opinión, preserven la estabilidad cambiaria y envíen señales de solvencia al mercado.
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Los swaps en la mesa: disponibles, pero con serias dudas
Caputo ha mencionado la disponibilidad de dos líneas de swap como respaldo: el renovado con China (activado por u$s5.000 millones hasta mediados de 2026) y el acuerdo con Estados Unidos por hasta u$s20.000 millones. No obstante, fuentes consultadas coinciden en que su activación para este compromiso resulta altamente improbable.
El mecanismo con Washington, en particular, presenta fragilidades institucionales y jurídicas. Como se detalló en notas previas de este medio, el swap con EEUU está «flojo de papeles»: carece de la preaprobación formal del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, requisito esencial para líneas de liquidez de este tipo. Esta ausencia implica que cualquier giro podría ser denegado por la Fed, que mantiene derecho de revocación unilateral. Canalizado a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) del Tesoro estadounidense sin aval congressional ni del comité monetario, el acuerdo genera tensiones internas en Washington y limita su utilidad como respaldo inmediato. El swap chino, aunque más sólido, también enfrenta restricciones específicas y no se prevé su uso puntual para enero.
Riesgo país elevado: por qué el rollover masivo queda descartado
Una refinanciación amplia mediante emisión internacional bajo ley extranjera sigue fuera de alcance mientras el riesgo país se mantenga en la zona de los 600 puntos básicos (alrededor de 570 en las últimas ruedas). Una colocación en esas condiciones implicaría tasas prohibitivas, incompatibles con la estrategia de normalización financiera. Adicionalmente, el Gobierno cuenta con la expectativa de un respaldo del Fondo Monetario Internacional. Como se informó esta semana en este medio, el staff del FMI ya trabaja en la concesión de un waiver por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas correspondiente a la revisión de septiembre. De obtenerse esta exención —algo que fuentes oficiales dan por altamente probable—, se habilitaría un desembolso por el equivalente a aproximadamente u$s1.050 millones previsto para el 23 de enero, apenas dos semanas después del vencimiento clave.
Este giro llegaría como refuerzo posterior, contribuyendo a recomponer reservas y a consolidar la señal de apoyo multilateral en un momento sensible. En los hechos, el equipo económico avanza con pragmatismo. Combina emisiones locales, repos y recursos propios para sortear el vencimiento sin mayores tensiones. Fuentes oficiales transmiten que el pago oportuno de enero enviaría una señal potente de solvencia al mercado, especialmente en un año con compromisos totales superiores a los u$s19.000 millones.
En ese sentido, el Gobierno especula con que tanto el cumplimiento del vencimiento como el avance de reformas estructurales en el Congreso contribuyan a comprimir el riesgo país hacia la zona de los 400 puntos básicos. A ello debería sumarse el impacto positivo del reciente anuncio del BCRA: un programa de acumulación de reservas a partir de enero de 2026, con metas base de hasta u$s10.000 millones (y potencialmente u$s17.000 millones en escenarios de mayor remonetización), junto con la modificación en el ajuste de las bandas cambiarias, que pasarán a evolucionar mensualmente al ritmo de la inflación pasada.