sábado, 13 de diciembre de 2025 09:20
El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Manejo del Fuego abrió un escenario político inesperado en el Congreso, al unir en el rechazo tanto al peronismo como al PRO frente a una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza e incluida en el paquete de medidas del Consejo de Mayo.
Tras la última reunión del Consejo de Mayo realizada la semana pasada, el Ejecutivo confirmó que enviará al Congreso una serie de reformas, entre las que se encuentra la modificación de la Ley 26.815, sancionada en 2020 a instancias del entonces diputado nacional Máximo Kirchner.
“Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar la iniciativa. Según sostuvo, las reformas buscan “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento” y promover el desarrollo productivo.
La primera respuesta crítica llegó desde la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, rechazó el planteo del Ejecutivo y aseguró que la ley vigente no desalienta la producción, sino las prácticas ilegales. “La única actividad productiva que se desincentiva es la de prender fuego para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario”, sostuvo.
Vilar explicó que, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios tiene origen en la actividad humana, y que en muchos casos se trata de quemas intencionales vinculadas a emprendimientos inmobiliarios. “La Ley de Fuegos fue pensada para frenar incendios intencionales que estaban destruyendo humedales, bosques nativos, hogares y vidas”, remarcó, y aclaró que la norma no prohíbe la producción ni la venta de tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para evitar la especulación.
Desde La Libertad Avanza, en tanto, el bloque de diputados consideró que la normativa vigente implica un “avance sobre la propiedad privada” y que no resuelve el problema de fondo de los incendios. En ese sentido, respaldaron un proyecto alternativo presentado por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, que propone un nuevo enfoque sobre la problemática.
Entre los principales argumentos del oficialismo se destacan la defensa de la propiedad privada y la crítica a la supuesta ineficacia de la ley actual, a la que acusan de no abordar las causas reales de los incendios y de “estigmatizar a los productores”.
Si bien el Gobierno de Javier Milei había evaluado derogar la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia, finalmente optó por avanzar con una modificación a través del Congreso, buscando mayor respaldo institucional.
Por su parte, el PRO y los diputados alineados al macrismo también manifestaron su rechazo a la iniciativa oficial. Su postura se basa en cuestionamientos de inconstitucionalidad y en el impacto que la norma tendría sobre el derecho de propiedad. Desde ese bloque sostienen que no se puede prohibir al dueño de un terreno “hacer otra cosa con su campo sin poder determinar la intencionalidad del incendio”.
En línea con esa posición, el PRO había presentado en febrero de este año un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales en áreas protegidas, diferenciando la sanción penal del uso productivo de la tierra.
La Ley de Manejo del Fuego establece actualmente la prohibición de modificar el uso y destino de tierras afectadas por incendios forestales o rurales durante un período de entre 30 y 60 años, ya sean fuegos accidentales o provocados. El objetivo central de la norma es evitar la especulación inmobiliaria y los cambios de uso productivo derivados de incendios intencionales.
Ahora, la defensa de esta legislación genera una coincidencia política inesperada entre el peronismo y el PRO, que se posicionan juntos frente a la propuesta de reforma impulsada por el oficialismo.