Luego de más de un año de la presentación del recurso de amparo contra el feedlot de la empresa Tauil en El Totoral, Ancasti, los vecinos denuncian que la situación ambiental no se resolvió y se agrava día a día. Mediante una carta abierta, los habitantes de la zona indicaron que tras la inspección ocular realizada el 23 de octubre pasado, se comprobó que los corrales siguen cubiertos de estiércol, continúa el bombeo ilegal de agua en plena emergencia hídrica, y las autoridades municipales brillan por su ausencia.
El 23 de octubre de 2025, la jueza a cargo de la causa y las partes afectadas se hicieron presentes en El Totoral para realizar una inspección ocular del establecimiento ganadero de René Antonio Tauil, empresario santiagueño que opera este feedlot desde hace más de una década. Lo que encontraron no sorprendió a los vecinos, pero sí confirmó que la supuesta «limpieza» prometida por la empresa nunca se concretó.
José Esbom, uno de los vecinos denunciantes, describió a INFORAMA lo que vio ese día: «Lo que más me impactó fue ver la mugre que dejaron ahí, un montón de plásticos, de los bebederos, de bolsas viejas, mucho desorden, mucha mugre, y todavía mucha bosta, que todavía cada vez que llueva van a seguir drenando y yéndose hacia donde están nuestras casas».
En la inspección estuvieron presentes la jueza María Gabriela Ruiz, personal del juzgado, representantes del Ministerio de Ambiente, el empresario Tauil con su abogado, una encargada de ambiente de la empresa, y los vecinos afectados. También participó Diego Vallejo, experto en temas de hidrología del Ministerio de Ambiente.
Según detalla la carta abierta firmada por vecinas y vecinos de El Totoral y fechada el 1 de diciembre, los corrales donde funcionaba el feedlot están «totalmente cubiertos por grandes cantidades de estiércol seco y pilas de estos excrementos acumulados en distintos sectores». El problema no es solo la acumulación de desechos. Los corrales se ubican sobre una loma con gran pendiente, lo que mantiene vigente el riesgo de que con cada lluvia intensa los excrementos sean arrastrados hacia los cursos de agua y las viviendas cercanas. «Al no haber contenciones ni tratamientos previstos, los habitantes del lugar nos vemos nuevamente en peligro», advirtieron.
El reclamo se sostiene en que, en plena emergencia hídrica declarada en la provincia, la empresa Tauil sostiene un «constante bombeo de agua» desde perforaciones hacia la estancia «Domitila», según argumentan, para el riego de un cultivo de nogales. Por lo que, mientras la empresa extrae agua sin pausa, las viviendas ubicadas a pocos metros no cuentan con abastecimiento hídrico por la sequía de sus vertientes y del arroyo El Totoral.
«Hoy en día todas las familias que vivimos en El Totoral estamos con un problema de agua terrible. No hay agua en el arroyo y eso es en gran medida porque antes pasa por la finca de Tauil y chupan toda el agua con bombas que están pegadas al arroyo, lo cual está prohibido, y entonces lo van secando desde las napas para regar sus nogales», explicó Esbom. «Todos los que estamos más abajo y más arriba en el arroyo, no tenemos agua. Es un problema muy grande, venimos haciendo un reclamo a la municipalidad y ambiente para que establezcan una seguridad de acceso al agua y no tenemos ninguna respuesta en ese sentido».
«Las perforaciones realizadas se ubican en el cauce, a escasos metros del arroyo. Pero extraen agua sin autorización, control ni regulación», denuncian los vecinos en su carta abierta. «El bombeo incesante desde estos pozos profundiza la sequía y priva del elemento vital a las familias que de manera progresiva se quedan sin agua». Como ya había publicado INFORAMA en julio pasado, hay familias que hace años están sin agua y otras que consumen agua contaminada, una situación que lejos de resolverse, empeora.
Uno de los puntos de la carta abierta apunta directamente a las autoridades locales. «El desinterés y la falta de compromiso de las autoridades de la Municipalidad de Ancasti es preocupante, ya que ni siquiera se presentaron en la inspección ocular», cuestionaron los vecinos. Según el reclamo, las autoridades municipales «demostraron que no les importa la situación, tanto del estado de las instalaciones del feedlot como tampoco las condiciones de los habitantes de la zona afectada».
Vale recordar que fue la Municipalidad de Ancasti la que habilitó el emprendimiento de Tauil hace más de una década, y que el intendente Rodolfo Santillán (UCR) había declarado en 2024 que «sería una pérdida» para el departamento si el empresario decidía relocalizar el feedlot.
A partir de las observaciones realizadas en la inspección ocular, los vecinos presentaron cuatro exigencias concretas, entre ellas, ordenar el levantamiento de los corrales y la limpieza de excrementos supervisada por profesionales competentes e imparciales, evitando que la empresa Tauil pueda acumular más animales; regular la utilización del agua de los pozos y clausurar las perforaciones sobre el cauce; intimar a la Municipalidad de Ancasti y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente a realizar obras para el abastecimiento de agua potable; y garantizar la salud, la calidad de vida de la población y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Consultado sobre qué les diría a otros vecinos de Catamarca que atraviesan conflictos ambientales, Esbom remarcó que: «Es una lucha que hay que dar y que hay que ir para adelante y buscar a los responsables a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional para que brinden soluciones». «No dejarse pasar por arriba y mediante la organización conjunta de los vecinos en comunidad se logra mucho más que de uno solo. Es muy importante establecer redes y poder organizarse para hacer un reclamo conjunto», enfatizó.
El recurso de amparo fue presentado el 25 de abril de 2024 por los vecinos de El Totoral contra la «omisión de la Municipalidad de Ancasti y la Secretaría de Ambiente de la Provincia» en relación con la actividad contaminante del establecimiento. La causa, que inicialmente estuvo dos meses en la Corte de Justicia, hasta que bajó a primera instancia, quedó a cargo de la jueza civil María Gabriela Ruiz, quien determinó que se trata de «acciones colectivas con intereses difusos«, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda adherir.