Según Javier Milei, se buscará que cada provincia pueda determinar sus áreas periglaciares para avanzar con inversiones en proyectos de cobre
17/11/2025 – 20:09hs
El presidente Javier Milei confirmó que mandará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa propone que sean las provincias las que determinen qué áreas integran la zona periglaciar, con el objetivo de destrabar inversiones mineras, especialmente en grandes desarrollos mineros, en especial de cobre.
El anuncio se produjo en Corrientes, durante el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. Allí, Milei argumentó que la normativa vigente complica el avance de proyectos de exploración y explotación en la Cordillera. «Lo que permite este proyecto es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar», afirmó. También señaló que la propuesta surgió a partir de un planteo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
La disputa por la ley y el alcance del inventario
La Ley 26.639, aprobada en 2010, prohíbe la actividad minera e hidrocarburífera en áreas glaciares y periglaciares. Si bien la identificación de glaciares se rige por criterios uniformes, la definición de la zona periglaciar es motivo de controversia desde hace más de una década.
El IANIGLA -organismo responsable de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares– ha sido cuestionado por sectores empresariales, que sostienen que el registro abarca superficies que no corresponden estrictamente a glaciares o geoformas periglaciares. Organizaciones ambientalistas, en cambio, consideran que el inventario deja afuera unidades menores a una hectárea y que la protección debería aplicarse con criterios más amplios. Ese debate técnico, que se mantuvo durante los años posteriores a la sanción de la ley, vuelve a cobrar fuerza con el proyecto anunciado por el Gobierno.
La presión de las provincias por la Ley de Glaciares
Los gobiernos de San Juan, Catamarca y Salta encabezan el pedido para modificar la ley, argumentando que la norma actual condiciona el desarrollo de yacimientos de cobre considerados estratégicos. Entre los proyectos mencionados se encuentran El Pachón, en San Juan, y Vicuña, ubicado entre Argentina y Chile.
El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego manifestó la inquietud al ministro del Interior, Diego Santilli. En simultáneo, la CAEM renovó su reclamo para adecuar la ley y garantizar previsibilidad regulatoria. Las provincias productoras remarcan que los recursos naturales están bajo su dominio, según la Constitución Nacional, y que deben tener un rol central en la delimitación de las áreas habilitadas para la actividad minera.
El debate sobre el federalismo ambiental acompaña a la Ley de Glaciares desde su origen. En 2010, durante el proceso legislativo, los gobernadores de ocho provincias cordilleranas impulsaron iniciativas propias para regular sus territorios. Algunas —como Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz— incluso sancionaron leyes locales de protección de glaciares.
En 2019, la Corte Suprema ratificó la validez de la ley nacional y remarcó que su aplicación debe articularse entre las autoridades provinciales y nacionales. Pese a ello, la tensión sobre las competencias ambientales y territoriales sigue sin resolverse. El proyecto que mandará el Ejecutivo vuelve a colocar en escena una discusión que combina argumentos científicos, potestades provinciales, regulaciones ambientales y necesidades de inversión.
Qué podría suceder en materia de inversiones
El Gobierno argumenta que actualizar la normativa permitiría habilitar inversiones en proyectos de cobre que hoy se encuentran en evaluación o fase de predesarrollo. La estrategia se alinea con la creciente demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética.
La iniciativa ingresará al Congreso durante las sesiones extraordinarias y su avance dependerá del respaldo de las provincias mineras, del trabajo en comisiones y de la interpretación sobre el alcance de las competencias ambientales y territoriales. El debate reabre una discusión de más de una década, donde se cruzan expectativas económicas, criterios de protección ambiental y el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.