En el debate sobre la forma que debe adoptar la difusión de los datos electorales el domingo se expresa la tribalización de la política argentina. Como se sabe, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical exigen que se los dé a conocer discriminados por provincias, sin ofrecer la sumatoria nacional que pretende La Libertad Avanza.
Se trata de una puja por la configuración de la escena interpretativa inmediatamente posterior a la celebración de los comicios, una disputa entre antagonistas débiles por un insumo con el que pretenden prevalecer en la imposición de sensaciones en la opinión pública.
Que solo La Libertad Avanza, partido del Gobierno, haya podido parar listas como tal en todas las provincias, es menos indicio de su arraigo que síntoma de las dificultades sistémicas que la extrema fragmentación impone para la organización de fuerzas con alcance nacional sin los recursos económicos e institucionales de la Casa Rosada. Los inconvenientes que surgen de esta dispersión son generales.
“Fuerza Patria”, la coalición proyectada desde el área metropolitana por el kirchnerismo que preside el PJ nacional, compite con esa sigla solo en 14 distritos, entre ellos Catamarca. En las otras provincias juega con formaciones afines, incluso presentadas por gobernadores, que prefirieron no utilizar el nombre. El liderazgo kirchnerista está tan menguado que no pudo imponer una denominación común a todas las expresiones del peronismo para este turno electoral.
La Libertad Avanza, por su lado, requiere contabilizar los votos de todo el país para tratar de disimular su anemia y presentarse como el sector más voluminoso en la constelación de facciones, con expectativas de obtener entre un 30 y un 40% en la sumatoria.
A la flamante “Provincias Unidas”, que corre en cinco provincias, entre ellas las populosas Córdoba y Santa Fe, también le convendría en principio el recuento nacional.
La Justicia electoral trabaja en una resolución para obligar al Gobierno a que difunda los datos por cada distrito y no sumando todos los sufragios en un recuento nacional, como hizo la Dirección Nacional Electoral en un simulacro el último fin de semana, pero lo que se advierte es la necesidad que tienen las dos fuerzas que protagonizan la polarización de incurrir en alquimias semánticas para disimular sus retrocesos ante el público.
El debate sobre el formato de difusión de los resultados electorales expone la crisis de los liderazgos de alcance nacional. El debate sobre el formato de difusión de los resultados electorales expone la crisis de los liderazgos de alcance nacional.
No hay que ser adivino para pronosticar lo que ocurrirá el domingo a la noche, independientemente del formato que aplique el Ministerio del Interior.
“Fuerza Patria”, que descuenta un triunfo en Provincia de Buenos Aires, sumará a los votos que consiga en las 14 provincias donde se presenta y los de los peronismos que eligieron presentarse con otro nombre. Con esta maniobra podría atribuirse un triunfo sobre los libertarios y engordar su conteo de legisladores nacionales.
Los libertarios ya anticiparon una línea de razonamiento idéntica a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos. Resignados, sumarán los votos propios en los 24 distritos a los de los sectores que consideran “aliados”, para postular que derrotaron al kirchnerismo y hacer su propio cálculo sobre la gravitación parlamentaria.
“Provincias Unidas” hará lo propio, sumando Corrientes a Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, además de terminales provinciales como las de Buenos Aires, CABA y Catamarca.
Tampoco se requieren dotes de augur para predecir las ardorosas confrontaciones dialécticas entre estas versiones del veredicto electoral.
Son legítimas, forman parte del litigio político, pero en esta oportunidad exponen más que nunca una inconsistencia nacional muy contrastante con la potencia de los armados provinciales. Más allá del agua para su molino que consiga llevar cada contendiente en los días posteriores a la elección, o más significativo es lo que quedará pendiente: comenzar a fraguar y solidificar la articulación institucional de un país.