viernes, 17 de octubre de 2025 02:01
Mientras que en el Congreso se ha debatido la necesidad de acortar la capacidad del presidente Javier Milei en el uso de los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el rol Congreso en su revisión, a nivel local el bloque opositor Generación del Cambio -espacio afín a La Libertad Avanza- se posicionan a favor de limitar al gobernador Raúl Jalil en el uso de decretos. La idea es que tanto Diputados como el Senado revise y decida sobre esos instrumentos cuando son firmados por el mandatario en el receso legislativo.
Es que la Constitución provincial le permite al Gobernador dictar decretos con fuerza de ley en situaciones de excepción, como es el caso del receso legislativo. Ahora bien, las sesiones ordinarias de ambas Cámaras inician el primero de mayo, con lo cual la potestad del Ejecutivo para emitir estas normas de urgencia rige durante varios años. La Carta Magna local establece que en el Artículo 184 que estos decretos: “Conservarán su vigencia si no fueron derogados, total o parcialmente, por la Legislatura en el primer período ordinario subsiguiente”.
El cuarteto de diputados integrantes de Generación del Cambio argumentan en la iniciativa que esta redacción ha sido aprovechada para generar un “abuso” sistemático. La consecuencia es que, si la legislatura no llega a tratar el decreto, este sigue vigente, dándose por aprobado sin la necesidad de un solo voto. A la vez, sostienen que esta práctica ha llevado a que la provincia sea a menudo gobernada por decretos que nunca han sido tratados ni convalidados por el órgano representativo del pueblo. Este vicio, remarcan, termina por romper el equilibrio funcional que preserve el sistema republicano de gobierno establecido en la Carta Magna provincial.
Así, la propuesta opositora busca meter en el procedimiento de revisión condiciones de obligatorio cumplimiento, quitándole al Ejecutivo la potestad de que sus decretos adquieran permanencia por el simple paso del tiempo. En este orden de ideas, la iniciativa impone un plazo perentorio para que la comisión que reciba el decreto lo analice y emita una opinión. Dicho de otra forma, se obliga a actuar con rapidez, una vez iniciado el período ordinario de sesiones.
“La Comisión interviniente deberá expedirse dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, elevando el dictamen al recinto para su tratamiento en sesión plenaria, con el objeto de resolver expresamente su ratificación o derogación total o parcial”, sugieren.
Además, para evitar cualquier maniobra de “cajoneo” o dilación en las comisiones, la iniciativa contempla una sanción automática a la omisión. Dicho de otra forma, si se incumple el plazo de 30 días, el decreto es forzado a pasar al debate en el recinto. “Si la comisión no hubiere emitido dictamen, el o los decretos deberán ser incluidos automáticamente en el Orden del Día de la siguiente sesión ordinaria, para su tratamiento directo” indica la propuesta.
El punto central y más trascendente del proyecto es la eliminación de la presunción de aprobación. Es decir, si la Legislatura no se pronuncia, el decreto no quedará firme sino que simplemente su tratamiento se pospondrá hasta que haya una votación formal.
Para el caso, proponen que:
“La falta de tratamiento expreso por parte de la Legislatura dentro del período ordinario inmediato siguiente al dictado de los decretos no implicará su convalidación tácita, debiendo prorrogarse su consideración hasta que recaiga una decisión legislativa definitiva” expresa la iniciativa apuntando a cerrar la puerta a cualquier interpretación de silencio positivo.