El gobernador Raúl Jalil, acompañado de los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, de Trabajo, Verónica Soria, y de Transporte, Eduardo Andrada, confirmó un bono especial de $120.000 destinado a todos los empleados públicos a pagarse en tres cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre. Aseguraron que tiene un costo de $1.500 millones en total. La oposición cuestionó el tinte electoral de los anuncios.
Monguillot destacó el esfuerzo realizado para poder otorgar este beneficio en un contexto económico difícil. “Es un logro poder llegar a estas instancias y contar con los recursos necesarios para brindar esta posibilidad a los empleados públicos», dijo.
Otro de los beneficios anunciados es la autorización de un nuevo cupo de horas extras, que serán asignadas en función de las necesidades de cada ministerio con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento de los servicios del Estado provincial. Estas habían estado suspendidas en la «emergencia económica».
Además, se anunció que, en coordinación con los gremios que representan a los empleados públicos, se avanzará en un instrumento legal para la recategorización del Escalafón General, considerando la antigüedad en la categoría y la función desempeña. También se prevé un decreto de confirmación de categorías para empleados que subrogan jefaturas de división o departamento, con al menos tres años en la función y diez años de antigüedad en la administración pública.
Para los docentes, se abrirán concursos para cubrir cargos vacantes de supervisores, así como la cobertura de cargos de directores, vicedirectores y secretarios, garantizando así la continuidad y fortalecimiento de la gestión escolar.
Reclamos opositores
Dirigentes de LLA, Primero Catamarca y la UCR cuestionaron al Gobierno por considerar que la medida fue «absolutamente proselitista».
«Jalil y su equipo vuelven a recurrir a la vieja receta del kirchnerismo para maquillar una realidad que no pueden controlar. Entregar un bono en cuotas es un parche, una medida desesperada para calmar los ánimos antes de las elecciones», dijo el diputado Adrián Brizuela, quien tildó de «pan y circo» la medida.
«La magia de la campaña. Un bono de miseria que se burla de los empleados públicos. El año pasado lo solicité para fin de año. Mientras gastan millones en comitivas para que funcionarios viajen al extranjero, edificios de lujo, camionetas 4×4, el ajuste es para los que laburan», apuntó la diputada Natalia Herrera (UCR).
«Un bono no tapa la miseria de los empleados públicos. Es una burla», sintetizó el candidato a diputado Rubén Manzi.