La diputada provincial Adriana Díaz advirtió sobre una «trampa reglamentaria» del gobierno nacional que, según sus expresiones en redes sociales, busca incumplir la ley de emergencia en discapacidad, empujando a los propios afectados a una «emergencia institucional» a través de la judicialización de sus derechos.
La legisladora señaló que el gobierno de Javier Milei pretende reglamentar la ley de forma tal que prestadores, pacientes y familiares se vean obligados a litigar para acceder a derechos que ya han sido reconocidos por el Congreso. De esta forma, el Ejecutivo no frenará la ley directamente en la Justicia, sino que obligará a los propios damnificados a hacerlo.
Díaz detalló que la ley, que tiene vigencia hasta diciembre de 2027, contempla una serie de puntos fundamentales que la gestión libertaria se niega a respetar: Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores. Reforma del sistema de pensiones no contributivas. Auditorías y mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Transparencia en la ejecución presupuestaria y compensaciones para centros de día y talleres. Cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.
«El gobierno libertario no está dispuesto a respetar al Congreso de la Nación ni a escuchar los reclamos de los colectivos de personas con discapacidad. ¿Hasta dónde permitiremos que llegue con semejantes políticas de exclusión y ajuste?», sentenció la diputada.