La Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia de Brasil alcanzó la mayoría necesaria para condenar a Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el intento de golpe de estado contra Lula. El voto decisivo lo dio la jueza Carmen Lucia que deja 3 a 1 a favor de la condena por liderar una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio federal y deterioro del patrimonio histórico.
Lucia dijo a la hora de justiciar su voto que «no hay vacuna necesaria para el autoritarismo» y remarcó que «el golpe de estado es un crimen». «El 8 Enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de una comida de domingo después de que la gente saliera a pasear», sostuvo la magistrada. Ahora resta saber los años de condena que deberá cumplir Bolsonaro. El juzgamiento continuará con el voto de Cristiano Zanin, quien también votará contra el ex presidente y se abrirá la discusión sobre lo que se conoce como dosimetría judicial.
La dosimetría judicial es el proceso legal de evaluar y determinar la pena correspondiente a un delito, partiendo de la base de principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad. Se enfoca en la dosimetría de la pena o determinación judicial del castigo, analizando circunstancias atenuantes y agravantes para individualizar la pena y lograr que sea justa y equitativa.
La larga exposición de la jueza estuvo marcada por el voto de su colega, Luiz Fux, a favor de la absolución de Bolsonaro durante la jornada del miércoles. Fux se convirtió en un nuevo héroe para el bolsonarismo pero generó alta tensión entre los magistrados.
Por eso, Carmen Lucia detalló cada argumento que confirma el rol de Bolsonaro como articulador de la organización criminal que avanzó en dos sentidos: el plan «Puñal verde y amarillo» que buscaba asesinar a Lula, su vice Geraldo Alckmin y Alexander de Moraes para decretar un estado de emergencia que genera un gobierno de transición para volver a llamar a elección y por los hechos del 8 de enero en la que miles de bolsonaristas atacaron y tomaron el Palacio de Gobierno, la Corte Suprema y el Congreso para perpetrar un golpe de estado.
image
Jueza Carmen Lucia
La denuncia de la Fiscalía General de la República contra los acusados fue presentada el 18 de febrero, basándose en la investigación de la Policía Federal sobre los violentos atentados contra la sede de los Tres Poderes del Estado en Brasilia.
La acción penal involucra a 34 personas en total, incluyendo comandantes de las fuerzas de seguridad que colaboraron en la ejecución de los atentados. De acuerdo con la ley brasileña, el expresidente y sus principales colaboradores se enfrentan a penas que pueden llegar a los 43 años de prisión.
Entre los condenados están el diputado y ex jefe de inteligencia Alexandre Ramagem, el almirante y ex comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, ex-ministro da Justicia, el general de reserva y ex jefe de Gabinete Institucional del ministerio de Seguridad, Augusto Heleno, el teniente coronel y ex ayudante personal de Bolsonaro, Mauro Cid, el general y ex ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, general de reserva, exjefe de la Casa Civil y ex candidato a vicepresidente.
Ahora el bolsonarismo profundizará la estrategia de las sanciones y aranceles de parte del gobierno de Donald Trump y la presión a los líderes del Congreso para debatir una amnistía que le permita a Bolsonaro ser candidato a presidente en 2026, algo que parece prácticamente imposible.