Indagan a más imputados por usurpación con despojo y violencia

Ocho acusados de intentar adueñarse de terrenos ajenos en el departamento Valle Viejo debieron ser trasladados por la fuerza pública a las instalaciones de Fiscalía, para ser indagados por la fiscal de Instrucción N°7 de Distrito Este, Paola González Pinto.

Desde el área de prensa del Ministerio Público Fiscal se informó que el procedimiento de indagatorias se realiza por citación simple a los sindicados, y que a pesar de las notificaciones realizadas, los ocho rebeldes no comparecieron por lo que se dio intervención a la Policía de la Provincia, como auxiliar de la Justicia.

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La causa se inició en junio, cuando la ocupación de predios deshabitados en inmediaciones del barrio Tabacalero tomó estado público, con fuerte repercusión en los medios de comunicación. En este marco, se dispusieron medidas preliminares y pedidos de informes para determinar la cantidad de involucrados.

Se constató que los terrenos no tenían moradores ni construcciones y que pertenecían a dos propietarios privados y a la Municipalidad de Valle Viejo por lo que se dio intervención a áreas como Asistencia Social y al Instituto Provincial de la Vivienda. Con la documentación reunida se identificó a varias personas vinculadas a las ocupaciones.

La Fiscalía continúa avanzando en la determinación de responsabilidades, procurando al mismo tiempo un tratamiento respetuoso de los derechos de todas las partes. La intervención del Ministerio Público Fiscal apunta no solo a hacer cesar actos contrarios a la ley, sino también a contemplar la complejidad social que subyace en este tipo de conflictos.

La usurpación comenzó a fines de mayo con la ocupación de un predio, por parte de varias familias. Poco después se transformó en un asentamiento con cerca de 150 familias. «Estas personas decidieron por su cuenta ocupar tierras, argumentando necesidad de vivienda. Pero se trata de un delito y así lo establece la ley”, dijo en aquel momento Claudio Barrios, jefe de la Regional N°2 zona norte. “No tenemos capacidad operativa para detener o retirar a tantas personas sin poner en riesgo a terceros», advirtió entonces.