El Tribunal de Enjuiciamiento aceptó la inhibición del fiscal Augusto Barros y la recusación formulada por el fiscal de Instrucción nº 5, Hugo Leandro Costilla y la Corte deberá ahora designar un nuevo fiscal para continuar con el juicio político que se sigue contra el segundo por la causa Wika. Además, el Jury dispuso suspender los plazos del rpoceso para evitar que se caiga.
En su resolución, el Tribunal debió realizar una interpretación de la ley del jury para poder dar lugar a la salida de Barros sin perjudicar el avance del proceso, que aunque con los plazos suspendidos, se concretará una vez que se designe el nuevo fiscal.
Esta resolución se tomó luego de la decisión de Barros de renunciar al Jury por “violencia moral” y para evitar demoras en el juicio contra el fiscal de instrucción. El apartamiento del fiscal de Cámara fue en consecuencia de que el propio Costilla lo recusara por «falta de objetividad y por connivencia”.
En su definición, el Tribunal destacó que, si bien la ley N° 4247 (que regula el jury) no prevé expresamente la recusación del fiscal acusador, sí permite que este se excuse en determinadas circunstancias. En este caso, Barros presentó su renuncia como fiscal del Tribunal, decisión que fue valorada por los miembros del Tribunal como una medida para “resguardar el principio de objetividad y, con ello, el debido proceso legal”.
Más adelante, el Tribunal sostuvo que «la garantía de un juicio justo» implica no solo el apartamiento del fiscal, sino también la nulidad de la acusación previamente formulada. “Tal resguardo tendiente a evitar dudas acerca del estricto cumplimiento de las garantías procesales del acusado en el proceso de enjuiciamiento no se logra solo con el apartamiento del Dr. Barros; toda vez que oportunamente podría plantearse la sospecha relativa a si la ausencia de objetividad denunciada ya existía al momento de formular la acusación”, explicaron los jueces.
Como consecuencia del apartamiento de Barros, es que el Tribunal solicitó a la Corte de Justicia la designación de un nuevo fiscal que represente al Ministerio Público en el jury contra Costilla. Hasta tanto se nombre al nuevo funcionario judicial, “se suspenden los plazos del proceso de enjuiciamiento”, aclaró.
Por otra parte, subrayó que esta decisión se adopta “en resguardo del principio de debido proceso legal como auténtica protección de las garantías constitucionales y respeto a la defensa en juicio de todo acusado”.
La resolución fue firmada por el presidente del Tribunal, Hernán Martel; el senador Augusto Ojeda, los diputados Damián Brizuela y Carlos Marsilli, y los abogados Federico Pague y María Cecilia Martin.
Contexto
En los considerando de la resolución, el Tribunal analiza la denuncia presentada por Costilla contra Barros, en la que se cuestionaba la objetividad del fiscal. La presentación recayó sobre la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de Ricardo Córdoba Andreatta. Según la denuncia, Barros habría sido asesorado por el relator de la Corte, Arturo Herrera Basualdo, anterior abogado del denunciante Cristian Guillou, en la preparación del pliego de preguntas a testigos del jury.
Costilla sostuvo que esta situación generaba “motivos para dudar de la objetividad del fiscal” y justificaba su apartamiento, a fin de garantizar un “juicio justo”.
Barros, por su parte, negó cualquier intención de influir en el proceso y explicó que su consulta a Herrera Basualdo respondió a la necesidad de cumplir con los plazos de un juicio por jurados en el que participaba, en el que no podía consultar con otros colegas por encontrarse citados como testigos. “Rechazo que exista una conspiración o voluntad determinada de mi parte, o que existan factores externos que me presionen en un sentido o en otro”, afirmó el fiscal en su descargo.
Herrera Basualdo también se presentó ante el fiscal Córdoba Andreatta. En ese marco, el funcionario judicial ofreció que se revisara su teléfono celular “con el propósito de despejar toda duda y proteger su buen nombre y honor”.