La polémica en torno al borrador del decreto para el concurso de supervisores de nivel sumó nuevas voces críticas. La Lic. Ana Liz Ahumada, docente con experiencia en distintos ámbitos de la educación, planteó fuertes observaciones sobre el documento elaborado por el Ministerio de Educación provincial y puesto a consulta en las escuelas.
En sus declaraciones, publicadas en su cuenta de Facebook señaló: “El borrador indica que el concurso se sustentará en la Ley 5103 de 2003 y, al mismo tiempo, en el Estatuto Docente Ley 3122. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 5103 suspende expresamente las normas del Estatuto relacionadas con el régimen de ascensos. ¿Cómo puede un decreto argumentarse en dos instrumentos legales cuando uno anula los derechos y condiciones del otro?”.
La docente explicó que la carrera docente establece un orden jerárquico: primero el cargo docente, luego vice director, director y finalmente supervisor de nivel. “Pretender obviar este requisito es violar lo que el Estatuto establece en cuanto a ascensos, escalafón y jerarquías. No es lo mismo gestionar una clase que una institución, ni orientar varias escuelas como lo hace un supervisor de nivel”, agregó.
En relación a las vacantes en cargos de conducción, Ahumada valoró que se convoque a concursos de oposición, pero pidió que se realicen con la transparencia que establece la normativa. “Es correcto que los concursos incluyan oposición, pero el proceso debe estar a cargo de un tribunal que evalúe títulos, antecedentes, proyectos y entrevistas”, precisó.
Sobre el cargo de Supervisor de Mediación e Instrucción, la docente consideró que no debería descartarse la participación de profesionales con formación jurídica, siempre y cuando tengan experiencia en educación. “Resolver conflictos legales en el ámbito escolar requiere conocimientos específicos, y un abogado que haya ejercido en educación podría ser idóneo”, explicó.
Sin embargo, expresó reparos sobre otros puntos del borrador, como el límite de cuatro años para la titularidad del cargo, que —según afirmó— contradice la estabilidad prevista en el artículo 21 del Estatuto Docente. Además, cuestionó la falta de credibilidad del Ejecutivo y del Ministerio de Educación en este tipo de procesos. “El común de los educadores descree que el concurso tenga la transparencia, objetividad y seriedad necesaria. Tal vez haya buenas intenciones, pero no alcanzan”, manifestó.
La docente concluyó que este debate puede ser una oportunidad para que la gestión educativa “demuestre la voluntad de hacer las cosas bien” y para que los propios docentes actúen con coherencia respecto a la normativa. A pesar de sus críticas, Ahumada aseguró que su intención es aportar una mirada objetiva: “Valoro y respeto la carrera docente, y esta vez no será una oportunidad en la que me interese participar. Así puedo expresarme libremente sin intereses personales”.
En paralelo, los docentes autoconvocados ya habían denunciado que el borrador abre la participación a profesionales ajenos a la docencia, lo que consideran una vulneración del Estatuto Docente y de la estabilidad laboral. Ante este escenario, se mantienen las asambleas abiertas para definir una postura común y exigir que cualquier cambio en la carrera docente parta del consenso y la participación del sector.