A pesar de la difusa comunicación oficial, puertas adentro el Gobierno intenta contener las repercusiones del escándalo desatado por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este contexto, desde Casa Rosada buscan avanzar con dos acciones concretas. Por un lado, el avance de una auditoría interna para revisar las licitaciones con la droguería Suizo Argentina e incluso el rol del personal en el hecho. Y, por otro lado, analizan que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado para pasar a depender del Ministerio de Salud, conducido por (el también apuntado) Mario Lugones.
Por el momento, la reacción gubernamental frente a los supuestos audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, fue a destiempo e imprecisa. El jueves por la madrugada, luego de que la denuncia circulara por medios, redes y en las discusiones dentro del Congreso, el Ejecutivo decidió a apartar al exabogado del presidente de la Andis y anunció su intervención.
El hombre elegido para el trabajo fue Alejandro Vilches, un médico especializado en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada que ya oficiaba como secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud. Según el vocero, Manuel Adorni, su tarea es «profundizar la gestión de auditorías y revalidación de pensiones» en el área.
Sin embargo, eso no frenó los cuestionamientos, que sobre todo en las redes ganaban terreno y apuntaban directamente contra la propia Karina Milei y su mano derecha, Eduardo ‘Lule’ Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó brindar unas primeras explicaciones, donde relativizó la cercanía de Javier Milei con Spagnuolo -el funcionario que más lo visitó en la Quinta de Olivos-, y aclaró que él «no ponía las manos en el fuego por nadie», aunque sí confiaba en la inocencia de Karina y Lule.
Por su parte, el presidente y su hermana mantuvieron absoluto silencio respecto a la materia, salvo por alguna publicación en las historias del libertario donde este compartió el descargo de la droguería Suizo Argentina -mencionada como intermediaria de las supuestas coimas- y la defensa de Martín Menem hacia Karina.
Una auditoría con munición gruesa
Sin embargo, para defender la imagen del Gobierno, y sobre todo la del presidente, fuentes oficiales aseguraron que la auditoría en la Agencia de Discapacidad promovida por Casa Rosada será «gruesa». Bajo esa premisa, no solo se prevén despidos y recortes, sino también la revisión de los contratos.
Este último punto no es menor, dado que en la última semana se conoció que la Suizo Argentina, la empresa de la familia Kovalivker señalada por el escándalo, multiplicó sus negocios con el Estado de una manera exponencial desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En comparación con 2025, la droguería pasó de tener contratos por $3 mil millones a más de $100 mil millones, según datos públicos, con varias dependencias del Estado.
En el riñón del presidente sostuvieron que «la Suizo» es una de las compañías más grandes del sector y afirmaron que las licitaciones que ganaron lo hicieron gracias a presentar ofertas más baratas. Algunas de esas licitaciones actualmente son investigadas por la Justicia.
La ANDIS, bajo sospecha
En paralelo a la auditoría, las altas esferas del Gobierno ponen la lupa sobre la condición de la Andis como organismo descentralizado, lo cual le permite manejar de forma autárquica su presupuesto, la designación de su personal y tomar decisiones internas. En ese sentido, para «garantizar mayor transparencia», en Casa Rosada evalúan trasladar la Agencia al Ministerio de Salud bajo el control de Mario Lugones, funcionario del riñón del asesor Santiago Caputo.
A diferencia de los organismos creados por ley del Congreso -como el caso del INTA o el INTI-, la Andis es un organismo que fue creado por el Poder Ejecutivo en 2017 a través del Decreto 698/2017, por lo que está dentro de las facultades de administración del Gobierno, que puede avanzar sobre él pese a no tener facultades delegadas.
En el mientras tanto, en la mesa chica del Gobierno aseguran que no van a tomar otro tipo de medidas hasta que «no se esclarezcan los hechos». «Si hay que cortar una cabeza, lo decide el presidente», aseguró alguien de su entorno a este medio, que además remarcó que sabía que «Karina no tiene nada que ver con el tema y Lule (Menem) lo negó». Un matiz sutil. De cualquier forma, en Balcarce 50 citan una máxima de Javier Milei: «Cualquier funcionario que haga algo que no corresponda va a ser ejecutado».