El escándalo por la subfacturación en el precio del litio catamarqueño por parte de Livent, vuelve a tomar relevancia. Es que, el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 4 dictó el procesamiento de la empresa hoy bajo control del grupo internacional Rio Tinto. La Justicia también procesó a su expresidente Luciano Antonio Mancuso.
En el fallo, se los acusa de coautores del presunto delito de contrabando de exportación en concurso con la utilización de documentación ideológicamente falsa, en el marco de la causa «Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415». Rio Tinto, la empresa que absorbió a Livent y está a cargo del proyecto Fénix de donde se extrae el litio en Antofagasta de la Sierra, dijo que apelará la medida.
Diario El Ancasti, fue el primer medio que planteó la subfactutación por parte de Livent y su cobertura fue fundamental para que el proceso avance en la Justicia Federal. De hecho, el origen de la causa remite a una denuncia presentada por Pablo Rutigliano, quien se presenta como presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Su presentación fue acompañada por publicaciones de El Ancasti. Este dato es resaltado por portal web Infobae que destacó que El Ancasti «realizó un extenso seguimiento del tema durante 2023. Aquella cobertura periodística visibilizó el caso y precedió a la actuación de la AFIP y la Justicia».
En la resolución, se ordenó un embargo preventivo de cien mil millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. La medida alcanza tanto a la compañía como a Mancuso en forma solidaria y se fundamenta en la magnitud de las operaciones cuestionadas y en la necesidad de asegurar la eventual percepción de multas y costas.
La imputación se sustenta en que, entre junio de 2022 y octubre de 2023, la minera habría efectuado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado. Según el expediente, estas operaciones se documentaron con facturas consideradas “ideológicamente falsas”, lo que habría permitido declarar un valor de venta menor y, en consecuencia, pagar menos tributos al fisco.
El fallo señala que las diferencias entre los valores declarados y los precios internacionales quedaron en evidencia al confrontar la documentación presentada ante la Dirección General de Aduanas. En este marco, en algunos casos, las operaciones habrían sido registradas con montos entre un 30% y un 45% por debajo del valor de mercado. Esa brecha, de acuerdo con los cálculos de la pericia, representó un perjuicio fiscal estimado en más de 200 millones de dólares.
La defensa de la empresa dijo que las operaciones fueron debidamente controladas por la Aduana sin objeciones en el momento de realizarse. Además, indicó que los precios correspondían a contratos de largo plazo celebrados con clientes vinculados y no vinculados, en línea con la estrategia global de Livent.
El tribunal descartó estos planteos al señalar que la validación administrativa no descarta la comisión posterior de un delito aduanero y que la fijación de precios corporativos no justifica la elusión de impuestos nacionales. El fallo recuerda que, aunque la empresa ya había abonado más de $5.300 millones en multas ante la AFIP por subfacturación, esa sanción administrativa no extingue la acción penal ya que tiene un cauce independiente y apunta a determinar responsabilidades por el presunto delito de contrabando de exportación.
Por otra parte, se ordena la prohibición de salida del país para los imputados, comunicando la medida a la Dirección Nacional de Migraciones. En paralelo, se libraron oficios al Banco Central, a la Inspección General de Justicia y a los registros de la propiedad inmueble y automotor para hacer efectiva la inhibición de bienes. El embargo alcanza inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y participaciones societarias. También dispuso mantener las medidas cautelares y establece que la investigación continuará en etapa de instrucción, con posibilidad de ampliación de pruebas, hasta que el caso llegue a juicio oral y público.
Respuesta oficial
En un breve comunicado, Rio Tinto aseguró que “reconoce y respeta la normativa aplicable a este tipo de procesos judiciales en Argentina y tiene el compromiso de cumplir plenamente con ella”. Sin embargo, aseguró que considera que «estos cargos carecen de fundamento». En ese marco, indicó: «sostenemos firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad. Los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, fiscales o cualquier otra autoridad». «Hemos tomado las medidas legales y procesales pertinentes para defender nuestra posición y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible”, adelantó.
La empresa fue multada por la aduana
Una maniobra que se repitió y perjudicó a Catamarca
El 28 de mayo de 2022, El Ancasti informaba por primera vez sobre la subfacturación en el precio del litio por parte de Livent. La maniobra se sustentaba en que la filial local de la firma le vendía a la casa matriz el litio a un valor inferior a los precios internacionales. En la primera publicación se informó sobre una auditoría que realizó la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), donde Livent habría subfacturado el mineral que se extrae de la provincia en un 843% menos en comparación con Jujuy.
Según la información a la que accedió El Ancasti, el 30 de abril de ese año, ante la aduana se documentó que el precio por el kilo de litio fue de U$S 6,41. El 21 de abril, Jujuy lo había vendido en U$S 54,07. Las cifras confirmaban las sospechas que existían de subfacturación, lo que impactaba directamente en los recursos que ingresan a la provincia por regalías.
Al tiempo, la operadora del proyecto Fénix reconoció la subfacturación al exponer ante sus accionistas el pago de una multa millonaria que le aplicó la AFIP por intermedio de la Aduana (DGA). La multa era por la subfacturación en más de 400 operaciones de exportación de carbonato de litio entre 2018 y 2019, por los que la minera perjudicó al fisco argentino en U$D 8 millones por los derechos de exportación.
Aduana, en ese momento, le aplicó una multa 6.700 millones de pesos. La empresa solo pagó a Catamarca una redeterminación de lo que debía pagar por Regalías y Aportes Adicionales por $197 millones, pero no se le ejecutó ninguna sanción. Sin embargo, las maniobras de Livent continuaron y en 2023 se conoció otro informe de la Dirección de Aduanas donde se advirtió que la empresa norteamericana, subfacturó U$D 13.520.200 solamente en 2022, por lo que debería pagar una multa a la AFIP.
En 2023, Livent se fusionó con otra empresa litifera denominada Allkem para crear Arcadium Lithium. Al tiempo esta fue adquirida por la gigante Rio Tinto por 6.700 millones de dólares. Esa compra no estuvo exenta de polémicas. La venta de todos sus derechos en la puna catamarqueña fue cuestionada porque la Provincia no habría conseguido ningún beneficio, a pesar de formar parte de Minera del Altiplano S.A., el nombre con el que Livent operaba en el proyecto Fénix en Antofagasta de la Sierra.