La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión por el presunto fraude millonario en torno al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa. La fiscal federal Fabiana León solicitó esta condena en el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 7, al considerar a la intérprete como “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública.
El alegato de la fiscal apuntó también contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor de la defraudación y para quien pidió cuatro años y medio de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, reclamó cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también como “partícipe necesario” del fraude.
La acusación incluyó a otros procesados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos, la fiscal solicitó condenas y la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.
El mecanismo de la maniobra
La causa investiga un supuesto esquema de financiamiento irregular montado a través de la UNSAM para producir la telenovela Mamá Corazón. Según la acusación, se trató de un mecanismo de triangulación sin concurso ni compulsa de precios, mediante el cual la productora de Del Boca no sólo recibió millonarios fondos públicos, sino que además se quedó con la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.
La fiscal León remarcó que este circuito violó las normativas vigentes y tuvo como objetivo favorecer a la productora de la actriz, A+A Group. Entre las irregularidades, destacó que el contrato se adjudicó de manera directa, con cláusulas “arbitrarias y leoninas” que otorgaban a la empresa la exclusividad de la distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60, a pesar de que la producción había sido íntegramente financiada con fondos públicos.
El caso salió a la luz en 2016 a partir de una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de $24 millones a través de convenios firmados entre el Ministerio de Planificación de De Vido y la UNSAM.
En 2018, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” del delito de defraudación, y a Andrea del Boca y Carlos Ruta como “partícipes necesarios”. En esa resolución, se dictaron embargos millonarios contra los imputados: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y 60 millones para el exrector de la UNSAM.
El juez Ramos sostuvo que la maniobra “se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca” y que la decisión respondió a “una voluntad predominantemente política, adoptada antes de formalizar el trámite de los expedientes”.
La novela inconclusa
Mamá Corazón nunca llegó a emitirse. Sin embargo, la productora de Del Boca habría cobrado el 76% del contrato, mientras que otras producciones que estaban bajo los mismos convenios apenas habrían recibido un 7%.
En total, estaba previsto que la serie implicara un desembolso de $36,58 millones, con un 10% de ganancia adicional para la productora, más la exclusividad de la comercialización internacional. El contrato fue suspendido tras el cambio de gobierno en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri frenó el financiamiento.
La Cámara Federal confirmó luego los procesamientos y embargos dispuestos por Ramos. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia remarcaron que lo cuestionable no fue el convenio con la UNSAM en sí mismo, sino la “desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir controles con miras al desvío de fondos públicos”.
Desde el inicio de la causa, la defensa de Andrea del Boca negó la existencia de un delito, que no hubo ni sobrefacturación ni perjuicio económico. Tras el alegato de la fiscal, será ahora el Tribunal Oral Federal N° 7 el que deba dictar sentencia.