martes, 19 de agosto de 2025 20:20
Los inmigrantes que buscan una vía legal para vivir y trabajar en Estados Unidos ahora estuvieron sujetos a un filtro de “antiestadounidenses”, informaron las autoridades el martes, una medida que planteó preocupaciones entre los críticos de que le otorgó demasiada libertad a los agentes para rechazar a extranjeros basándose en un juicio subjetivo.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dieron a conocer que los agentes ahora debieron tomar en cuenta si un solicitante de beneficios —como una tarjeta de residencia— “apoyó, promovió, respaldó o de alguna otra manera defendió” puntos de vista antiestadounidenses, terroristas o antisemitas.
“Los beneficios de Estados Unidos no debieron otorgarse a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”, declaró Matthew Tragesser, portavoz de la agencia. “Los beneficios de inmigración —como vivir y trabajar en Estados Unidos— siguen siendo un privilegio, no un derecho”.
La agencia no especificó lo que constituyó ser antiestadounidense y de momento se desconoce cómo y cuándo se aplicaría la directriz.
“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración van a ser menos tolerantes con los antiestadounidenses o el antisemitismo al momento de tomar decisiones de inmigración”, explicó Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas en Center for Immigration Studies, un grupo a favor de las restricciones migratorias.
Jacobs comentó que el gobierno estuvo siendo más explícito en el tipo de comportamientos y prácticas que los agentes debieron tomar en cuenta, pero enfatizó que todo siguió siendo a criterio del agente. “La agencia no puede decirles a los agentes que debieron negar, únicamente tomar en cuenta esto como un criterio negativo”, puntualizó.
A los críticos les preocupó que la actualización de la política permitiera una visión más subjetiva de lo que se considera ser antiestadounidense y que permitiera que el sesgo personal de un agente nuble su juicio.
“Para mí, la gran historia es que están abriendo la puerta a estereotipos, prejuicios y sesgos implícitos para que tomen el control en estas decisiones. Eso es realmente preocupante”, señaló Jane Lilly Lopez, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young.
Se trató del más reciente en una serie de cambios implementados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, incluida la revisión de páginas de redes sociales, y la evaluación de los solicitantes que buscaban la naturalización por “buen carácter moral”. Esto no sólo tomó en cuenta “no sólo la ausencia de comportamientos indebidos”, sino también los atributos positivos y contribuciones del solicitante.
“Significó que tuviste que hacer mucho más para proporcionar evidencia de que cumples con nuestros estándares”, indicó Lopez.
Los expertos discreparon sobre la constitucionalidad de la política, la cual involucró a personas que no fueron ciudadanos estadounidenses y su libertad de expresión. Jacobs afirmó que los derechos de la Primera Enmienda no se extendieron a personas fuera de Estados Unidos o que no fueron ciudadanos estadounidenses.
Ruby Robinson, abogado senior del Michigan Immigrant Rights Center, creyó que la Carta de Derechos y la Constitución de Estados Unidos protegen de la intromisión del gobierno a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio.
“Muchas de las actividades de este gobierno infringieron los derechos constitucionales y necesitan resolverse, en última instancia, en los tribunales”, destacó Robinson.
Los abogados recomendaron a sus clientes que ajustaran sus expectativas.
“La gente necesitó entender que hoy tenemos un sistema diferente y muchas más cosas que se aplican a los ciudadanos estadounidenses no se fueron a aplicar a alguien que estuvo tratando de entrar a Estados Unidos”, dijo Jaime Diez, abogado de inmigración con sede en Brownsville, Texas.
Jonathan Grode, socio gerente del bufete de abogados de inmigración Green and Spiegel, afirmó que la actualización de la política no fue inesperada, tomando en cuenta el manejo de temas de inmigración por parte del gobierno federal.
“Esto fue lo que se eligió. Tienen permitido interpretar las reglas como quieran”, subrayó. “Para ellos, la política siempre ha sido la de reducir la zona de strike. La ley siguió siendo la misma”.