jueves, 7 agosto, 2025
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Números en rojo: denuncian deudas millonarias y abusos de autoridad en la mutual municipal

Una fuerte interna sacude a la Mutual de los Empleados Municipales y Concejo Deliberante tras la salida de su expresidenta, Inés Visñovezky, a quien acusan de dejar millonarias deudas y de haber ejercido abusos de autoridad durante su gestión.

De acuerdo con información oficial, la nueva conducción reveló compromisos impagos que superan los 190 millones de pesos con diferentes proveedores. Entre ellos, un servicio de supermercado, que informó una deuda de $113.045.804 al 17 de julio de 2025, discriminada en los siguientes períodos:

  • 23/2/25 al 22/3/25: $2.948.040
  • 23/4/25 al 22/5/25: $28.205.220
  • 23/5/25 al 22/6/25: $52.417.260
  • 23/6/25 al 9/7/25: $29.475.284

Asimismo, un prestador de salud informó una deuda acumulada de $77.760.800 hasta junio de 2025, correspondiente a los meses de abril ($26.069.100), mayo ($25.790.900) y junio ($25.900.800).

Desde el actual Consejo Directivo, explicaron que el quiebre institucional se produjo el 26 de mayo de 2025, cuando la mayoría de los integrantes decidió apartarse de la expresidenta, argumentando “abusos de autoridad, faltas de respeto hacia los socios y actitudes autoritarias”.

“La señora que era la única que decidía a quién pagar y cuánto pagar dejó deudas por doquier. No permitía el contacto con los proveedores, lo que impedía conocer la real situación económica”, indicaron en un comunicado.

Incluso, mencionaron un episodio en el que la actual presidenta –entonces tesorera– denunció la retención del teléfono token utilizado para las transferencias bancarias, lo que calificaron como un acto de “abuso de autoridad”.

La actual conducción asegura que continúa trabajando para normalizar la institución, cumplir con las prestaciones a los socios y saldar los compromisos, aunque advirtió que persisten las consecuencias de la gestión anterior, sumadas a denuncias penales y múltiples cartas documento.

Desde la entidad también cuestionaron a los organismos de control, a quienes acusan de no actuar para garantizar la legalidad y la transparencia en el conflicto.

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