La Cámara de Diputados convocó para la próxima semana a discutir los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de ATN impulsados por los gobernadores y sancionados por el Senado, que son rechazados por el Gobierno con el argumento que está en juego su política de equilibrio fiscal.
El oficialismo decidió previo al inicio de la sesión citar a la comisión de Presupuesto para el miércoles 13 al mediodía para debatir el proyecto de coparticipación de la Partida de ATN y para las 16 a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía para debatir la propuesta sobre distribución del impuesto a los combustibles.
La decisión de LLA no modificó la postura de los bloques opositores que mantienen pedir sobre tablas el tratamiento de los proyectos impositivos aunque saben que no tendrán los dos tercios, y luego votar un emplazamiento para establecer que se emita dictamen de los dos proyectos la próxima semana. La idea es aprobar las dos iniciativas en la sesión del 20 de agosto.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de acuerdo a los índices de coparticipación. Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la Anses, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.
Con respecto a los ATN, el proyecto propone un cambio en la ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de Coparticipación en forma automática y todos los días. En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.