Milei invita al primer ministro de Israel a la Argentina para declararlo «residente de honor»

A lo largo de este mes, el presidente Javier Milei encarará una ambiciosa agenda internacional en la que ratificará su alineamiento geopolítico al viajar primero a los Estados Unidos, donde se realizará una esperada reunión con Donald Trump, para luego recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El libertario recibirá al primer ministro de Israel los primeros días de septiembre, bajo un fuerte operativo de seguridad, pues se esperan protestas masivas por el genocidio que Israel perpetra en Gaza. En esa oportunidad Netanyahu será declarado “residente de honor”.

El recibimiento a Netanyahu es considerado una devolución de gentilezas luego de la estadía del mandatario argentino en Israel en julio, cuando Milei anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén en 2026 y reafirmó su apoyo a Tel Aviv.

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El ex juez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe aseguró -a propósito de la anunciada visita del primer ministro israelí a la Argentina- que si Benjamín Netanyahu pisa suelo argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei tiene la «obligación» de detenerlo. Según Rodríguez Villafañe la exigencia se fundamenta en la orden de arresto emitida en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal creado por el Estatuto de Roma. El tribunal imputó penalmente a Netanyahu por ser «responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos'», aseguró el abogado en un artículo de opinión.

El constitucionalista cordobés recuerda que el Estatuto de Roma fue aprobado por la Argentina mediante la Ley 25.390, y que dicho tratado «tiene carácter supralegal en el país». En este sentido, el ex juez sostiene que el presidente Milei «tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI».