En un movimiento político de alto impacto y calculada audacia, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz anunciaron la formalización de un frente electoral sin precedentes, bautizado con el nombre “Un Grito Federal”.
Esta significativa coalición emerge a pocos meses de las cruciales elecciones legislativas de octubre, específicamente programadas para el 26 de octubre, y se posiciona como un desafío directo a la consolidación del poder del Gobierno de Javier Milei. La formación de este bloque promete agitar considerablemente el escenario político nacional, redefiniendo las dinámicas de cara a los comicios.
Los líderes provinciales que conforman esta nueva alianza son Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). La cumbre que dio origen a este frente se llevó a cabo en la Casa de Chubut, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extendió a lo largo de varias horas de intensas deliberaciones.
El encuentro no solo culminó con un comunicado unificado que subraya la firmeza de los gobernadores provinciales, sino que también contó con la presencia destacada del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuya experiencia en la construcción de espacios federales añade un matiz estratégico al naciente bloque.
La motivación principal detrás de la creación de “Un Grito Federal” es un profundo y creciente malestar de las administraciones provinciales debido a los constantes recortes en los envíos de fondos desde el Gobierno de Javier Milei. Este accionar del Ejecutivo nacional ha generado un marcado distanciamiento político y ha puesto en jaque la sostenibilidad económica de diversas jurisdicciones.
Los gobernadores han denunciado con vehemencia la drástica reducción e incluso interrupción de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos, de naturaleza constitucional, han sido históricamente una herramienta vital para asistir a las provincias en función de sus necesidades específicas y urgentes. La actual política de centralización de recursos ha llevado a una afectación significativa de la capacidad de las provincias para sostener sus propias economías y programas de desarrollo.
Como respuesta a esta política de ajuste centralizado, las provincias ya habían articulado y promovido un proyecto de ley en el Senado de la Nación, con el propósito de establecer un marco que garantice la justa y equitativa distribución de estos fondos.
Sin embargo, la Casa Rosada ha redoblado la apuesta: el presidente Milei no solo ha criticado la iniciativa, sino que ya adelantó públicamente su intención de vetar la ley si esta logra la aprobación en la Cámara de Diputados. Esta clara señal de confrontación enfatiza la polarización entre el poder central y las demandas de las provincias.
Comunicado
El anuncio oficial del frente se hizo a través de la cuenta de X del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con la declaración conjunta: “Hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo”. Esta frase encapsula la esencia de su propuesta, buscando representar los intereses de una Argentina productiva y alejada de la lógica puramente fiscalista.
En su comunicado, los gobernadores hicieron un llamado explícito a la representación regional en el ámbito legislativo: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. Y subrayaron la responsabilidad inherente a sus cargos: “Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.
En la declaración de principios, los mandatarios postularon: “Queremos una Argentina pujante, justa y segura. Una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias. Una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites. Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”.
Finalmente y en un punto crucial para el debate económico actual, los gobernadores, si bien ratificaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda del equilibrio fiscal a nivel tanto nacional como provincial, fueron enfáticos al insistir en que ese ajuste no puede, bajo ninguna circunstancia, sacrificar la ejecución de obras de infraestructura consideradas esenciales para el desarrollo regional y productivo.
Remarcaron que “es nuestro deber cuidar a nuestra gente y crecer en armonía con igualdad de oportunidades para los 47 millones de argentinos”, lo que refuerza su postura de priorizar la inversión pública y el bienestar social en el marco de una disciplina fiscal.n