La etapa que sigue en la investigación de la banda de estafadores, presuntamente liderada por el comerciante Mario Rodrigo del Campo, es la verificación de firmas de casi medio millar de damnificados, porque la sospecha es que la mayoría fueron falsificadas. Y confirmar si las deudas que les cobraban estaban a nombre de alguna de las siete empresas que habrían operado como “fachada” para el despojo patrimonial.
La pesquisa está a cargo del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, quien acusó a Del Campo de organizar y regentear una “asociación ilícita” junto a otros colaboradores con el fin de ejecutar pagarés falsos, embargar sueldos y apropiarse de bienes muebles e inmuebles en forma fraudulenta.
Del Campo se encuentra detenido en el Penal de Miraflores, junto a Gastón Agulles, Juan Pablo Collantes y José Werfil Vega. Mientras que su pareja y abogada, Grisel Rocío Gordillo, está con prisión domiciliaria. El resto de los imputados goza de libertad.
El pasado viernes 18, el fiscal Costilla dispuso citar a 478 personas demandadas en los juicios ejecutivos que prosperaron en los juzgados 1 y 2 en lo Comercial y de Ejecución, cuyos expedientes fueron incautados para la investigación penal.
Según explicó el fiscal en el decreto de citación, el objeto de la ronda testimonial “es verificar el origen real de las deudas ejecutadas, el eventual reconocimiento de las firmas que instrumentan los títulos ejecutivos, los domicilios informados en las actuaciones y los resultados de los actos de intimación y/o notificación glosados en cada expediente, con la trazabilidad de los embargos sobre haberes –verificando el destino final de los montos efectivamente cobrados mediante las órdenes de pago en las cuentas judiciales del BNA– y/o secuestros de bienes registrables y el destino final tras ser entregados en depósito judicial”.
En términos más simples, una maniobra tipo de despojo era así: un cliente compraba una cocina o un heladera en un comercio determinado, firmaba el recibo de la compra y luego se encontraba con un juicio ejecutivo de embargo del producto o de su salario por un supuesto crédito que nunca había tomado. Su firma inicial se usaba para “dibujar” una deuda inexistente. La organización se encargaba además de verificar en el banco si el cliente era empleado en relación de dependencia, y también obtenía información en organismos públicos sobre si era propietario de vehículos. Posteriormente se consumaba el expolio.
Los testimonios de los damnificados serán recibidos entre el 4 de agosto y el 26 de septiembre próximos. Dada la cantidad, la fiscalía afectó a siete “audiencistas” que trabajarán con un pliego de preguntas predeterminadas. Las audiencias tendrán una duración de 30 minutos y serán grabadas en video. Se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 8 a 12, en el piso 8 del edificio Leo III, Sarmiento 727.
¿Qué busca la Justicia con esas testimoniales? Los objetivos principales son los siguientes:
- Verificar el origen real de las deudas ejecutadas.
- Reconocer las firmas que instrumentan los títulos ejecutivos. Este proceso es una garantía procesal fundamental para asegurar la legitimidad del instrumento base de la acción y permite al demandado cuestionar la firma.
- Pagarés en blanco. En su descargo, Del Campo afirmó que muchos pagarés fueron firmados «en blanco» para que él, como tenedor, los llenara a conveniencia. La investigación busca determinar si hubo un abuso de esta facultad, fraude, o si las firmas no son auténticas desde el inicio, especialmente dada la cantidad de casos y los indicios de orquestación. Una firma falsificada o un llenado abusivo, incluso con sentencia de cosa juzgada en el fuero comercial, puede serreprochado como delito en el fuero penal.
- Verificar domicilios y notificaciones. Se indagará si los domicilios informados por el demandante eran los reales y efectivos del demandado, y si las notificaciones se realizaron de forma que no impidieran su defensa.
- Trazabilidad de embargos y secuestros. Se ahondará en el conocimiento del demandado sobre el procedimiento de intimación de pago, la trazabilidad de los embargos sobre haberes (destino final de los montos cobrados en cuentas judiciales del BNA) y la situación de los secuestros de bienes registrables y su entrega en depósito judicial. Esto en procura de desentrañar la manipulación de procesos y las posibles defraudaciones.
A cada demandado se le formulará un pliego de 27 preguntas detalladas. Abarcarán desde su relación con los principales actores (Del Campo y otros), el origen de la deuda y la transacción que la generó, si recibieron citaciones y notificaciones judiciales, y hasta si sabían de embargos o secuestros de bienes en su perjuicio, entre otras cosas.
Hasta el momento, en el primer lote de medio centenar de expedientes analizados en la fiscalía, el común denominador detectado es que los damnificados no recibieron la correspondiente notificación. Es allí donde entran los empleados judiciales responsables de notificar a los demandados y que están acusados en la causa por asociación ilícita.
Fachadas para el expolio
De acuerdo con la versión que dio Del Campo en la Justicia, su negocio consistía en adquirir «carteras de morosos y paquetes de deuda» de diversos comerciantes a un precio reducido, y después ejecutaba tales deudas a través de “pagarés sin protesto”. Se trataba, dijo, de una práctica común y legal de transferencia o cesión de crédito, por la cual los acreedores originales a menudo dejaban en blanco en los pagarés el campo del beneficiario y así permitían al tenedor final completarlo para su ejecución. También mencionó haber reclutado a otras personas para llevar a cabo las ejecuciones en su nombre, a cambio de un porcentaje de las ganancias. Y señaló a “Inversiones SRL” como una entidad involucrada en las operaciones.
“Inversiones SRL” es una firma que está a nombre de Clara Estela Méndez, madre de Del Campo. Según los registros de la fiscalía, Méndez figura como la mayor demandante y cobradora de los juicios ejecutivos. En total, aparece en esa condición en 156 juicios, por un monto total de $19,6 millones, de los cuales ya cobró $ 14,2 millones. Y a su vez, María Eugenia del Campo, abogada y hermana de Mario Rodrigo, figura como letrada patrocinante y autorizada en unos 36 procesos hasta la fecha. Es decir, una clara empresa familiar.
Las 7 sociedades comerciales bajo investigación son las siguientes:
- INVERSIONES SRL
CUIT: 30-71534022-0
Fecha de contrato social: 2016-08-29
Fecha de inscripción: 2016-09-05
Méndez figura como “actor” demandante en numerosos juicios. Su hijo Del Campo aparece autorizado para diligenciar y retirar cheques. Y en algunos casos también su expareja y madre de dos hijos en común, Marcela Beatriz Pacheco.
- EL MUNDO DEL SERVICIO S.R.L.
CUIT: 30-71073007-1
- Fecha de contrato social: 2008-09-15
- Fecha de inscripción: 2008-10-03
- SERVICIO SEGURO SRL
CUIT: 30-71251316-7
Fecha de contrato social: 2012-09-25
Fecha de inscripción: 2012-10-22
- MAS MUTUAL SRL
CUIT: 30-71061012-2
Fecha de contrato social: 2006-12-26
- LA CASA DEL HOGAR SERVICIOS SRL
Domicilio: Bonifacio Córdoba 627, Capital, Catamarca
- CENTRO DEL MUEBLE
Sin datos
- SERVITEL
Sin datos
A criterio de la fiscalía, un patrón que surge del análisis de los expedientes es el origen más centralizado y potencialmente orquestado de los pagarés. Por ello investiga la posible manipulación en los procesos, tales como el uso de datos personales y de esas empresas como fachada para simular una actividad legítima.
Por ahora, Méndez, Pacheco y María del Campo no fueron imputadas en la causa por asociación ilícita, pero ya recibieron una notificación de la Justicia de que podrían ser citadas próximamente para declarar junto a una treintena de personas que figuran en los expedientes.
Sugestiva vecindad
Antes de esta causa judicial -y de otras con menor relevancia-, la familia Del Campo tuvo una actividad política que le redituó una banca legislativa.
Fue a través del partido provincial Unificación Populista, fundado Mario Rodolfo del Campo, padre de Rodrigo y de María Eugenia. La fuerza se integró como aliada electoral en el Frente Cívico y Social entre 2007 y 2009. Gracias a eso Mario del Campo fue electo diputado provincial. Pero la alianza no duró mucho tiempo.
En la década siguiente, Unificación Populista se integró a la coalición peronista que ganó el poder provincial en 2011. La última vez que apareció en la nómina de socios fue con la alianza Unión por la Patria en 2023, que llevó como candidato a la gobernación a Raúl Jalil.
El partido fue reconocido como tal el 27 de diciembre de 1988. En la renovación de autoridades de 2019, Mario Rodolfo del Campo continuó como apoderado, mientras que al frente del Comité Provincial quedó su esposa, Clara Méndez, y Marcela Pacheco como vicepresidenta. Hay otros miembros de la familia en cargos partidarios.
Según consta en la Justicia Electoral nacional, el domicilio fijado por el partido de Del Campo es Bonifacio Córdoba N°631, Capital, Catamarca. Curiosamente, justo al lado del domicilio de “La Casa del Hogar Servicios SRL”, una de las siete empresas que investiga el fiscal Costilla como presunta “fachada” de las maniobras de despojo de medio millar de catamarqueños.