El Gobierno cedió ante las empresas productoras de gas: YPF, Total Energies, Tecpetrol, PAE, Pluspetrol, Harbour Energy, CGC y Pampa, entre otras; y pagará hasta un 65% más en el precio del gas para evitar cortes durante la alta demanda invernal. Hace apenas unas semanas, Mar Del Plata y algunas ciudades de Chubut y Neuquén se quedaron sin suministro en medio de la ola polar.
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Este lunes Cammesa S.A., la empresa que se encarga de la distribución mayorista de la energía eléctrica, oficializó la oferta para la compra de volúmenes adicionales de gas natural a los que ya tiene contratados bajo el Plan Gas. A través de MEGSA, la compañía que opera el Mercado Electrónico del Gas en la Bolsa de Comercio, realizó una subasta para reforzar la oferta disponible para las centrales termoeléctricas que generan el 58% de la electricidad del país.
El Plan Gas nació en 2020 y desde entonces garantiza enormes subsidios, precios favorables y flexibilizaciones al acceso del mercado libre de cambios (durante el cepo) a las empresas privadas para incentivar la producción de gas. No obstante, los “dueños del gas” siguen exigiendo más plata del Estado.
En concreto, la oferta fue de entre 7 y 7,50 dólares por millón de BTU por volúmenes adicionales de gas natural para el parque de generación. Lo que implica 3 dólares más sobre el precio promedio del gas durante el invierno (que ya es un 25% más caro que el promedio anual).
Según describe el medio especializado Econojournal, la medida implica un cambio en el criterio utilizado por el Estado en los últimos años. “Hasta ahora la práctica habitual era que, cuando necesita robustecer la oferta de gas para las usinas térmicas, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) realizaba un subasta semanal bajo la órbita de MEGSA, en la que ofrecía abonar el 90% del precio que figura en los contratos del Plan Gas para los meses de frío. Esa cifra ronda los 4,45 US$/MMBTU. Lo hacía, claro está, con la intención de que algún productor pueda ofrecer un poco más de gas del que ya tienen comprometido.”
Sin embargo, estas empresas productoras (antes mencionadas) entre las que se encuentra YPF, Tecpetrol de Paolo Roca (aportante de la campaña de Javier Milei) o CGC, la petrolera de Eurnekian (quien fuera padrino del actual presidente); no quisieron venderle a Cammesa al precio de invierno del Plan Gas y dejaron expuesta la debilidad de un sistema energético pensado para las ganancias de las multinacionales y no de las necesidades de las mayorías.
Esta imposibilidad de encontrar más gas para el parque de generación hizo que con la ola polar, la oferta del fluido flaqueara tanto que obligó a cortar el servicio a industrias, estaciones de GNC y también a hogares de Mar del Plata y otras ciudades.
La falta de planificación del Gobierno, la motosierra al gasto público donde se podría haber avanzado con el gasoducto N. Kirchner por ejemplo, y el entreguismo hacia las multinacionales sale cada vez más caro al Estado. Como contrapartida, las multinacionales obtienen tasas de ganancias altísimas.
Para los usuarios, con la excusa de sincerar precios y reducir el déficit fiscal a pedido del FMI, las tarifas volaron. Desde que asumió Milei, un hogar promedio del AMBA tuvo un incremento en la boleta de gas de 1482% según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente del CONICET- UBA.
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Además, con la Ley Bases, Milei (con el apoyo de la “oposición dialoguista”) quitó al Estado el papel de garantizar el abastecimiento interno, la fijación de precios y la planificación de las exportaciones. El RIGI establece autorizaciones de LIBRE exportación de GNL por 30 años, que implican: “el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva». El colmo de la entrega.
Un plan energético democrático, económico y sustentable
Como plantea la izquierda, es necesaria la estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios. Sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, que invierta las prioridades de las ganancias de unos pocos millonarios por sobre las necesidades de las mayorías.
Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento, no rematando los bienes y empresas públicas, sino por medio del no pago de la deuda externa, el quite de subsidios a las petroleras – energéticas y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Así podría evaluarse la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación, aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el uso de bienes comunes naturales necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación. De conjunto con terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias, haciendo un servicio económico y sustentable.