La inclusión de alumnos con algún tipo de discapacidad en escuelas comunes es un fenómeno creciente. Según las últimas estadísticas disponibles, seis de cada diez estudiantes con alguna discapacidad concurre a escuelas comunes. Lejos, en consecuencia, quedaron las épocas en las que los chicos o chicas con discapacidad solo tenían cabida en las denominadas escuelas especiales. En el año 2011 había en las instituciones de modalidad especial 127 mil estudiantes matriculados. Actualmente la cifra se ha reducido a 103 mil. Como contrapartida, el número de alumnos con discapacidad en escuelas comunes pasaron de 52 mil a 121 mil en el mismo período.
La inclusión es una recomendación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional. A nivel reglamentario, está vigente también la Resolución 311/2016 del Consejo Federal de Educación, que establece que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a cursar su trayectoria en la escuela común. Para lograr este propósito se deben elaborar Proyectos Pedagógicos Individuales para la Inclusión.
La educación inclusiva no está exenta de complejidades y problemas de difícil resolución en un ámbito en el que existen barreras de accesibilidad, de aprendizaje y de comunicación. La educación inclusiva no está exenta de complejidades y problemas de difícil resolución en un ámbito en el que existen barreras de accesibilidad, de aprendizaje y de comunicación.
Esta tendencia inclusiva es virtuosa, pero no está exenta de complejidades y problemas de difícil resolución en un ámbito en el que existen barreras de accesibilidad, de aprendizaje y de comunicación. Se requiere creatividad, recursos humanos y materiales, infraestructura adecuada, capacitación permanente, vocación y compromiso. Todas estas exigencias parecen inalcanzables en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y de las políticas de apoyo a las personas con discapacidad, pero también es un desafío de difícil cumplimiento en el ámbito de la educación privada, en todos sus niveles.
La inclusión desde un enfoque de derechos es un fenómeno resistido por algunos actores educativos. No son pocos los docentes que la cuestionan porque argumentan no tener la preparación adecuada para asumir responsabilidades, y, con las restricciones presupuestarias actuales, el Estado no se hace cargo de la contratación de terapeutas que acompañen al estudiante con discapacidad en el proceso educativo. Tampoco es sencilla la integración con el resto de los alumnos, ni la compatibilización de los criterios pedagógicos.
Tal vez sea necesario analizar el proceso realizado por La Pampa, que es la primera provincia de la Argentina es incluir a prácticamente todos los estudiantes con discapacidad es escuelas comunes, transformadas en Centros de Apoyo para apuntalar el proceso. La experiencia ha recibido el reconocimiento de organizaciones educativas a nivel internacional.
En el proceso de inclusión de chicos con discapacidad en escuelas comunes no hay fórmulas infalibles, sino experiencias que a veces son a prueba y error, para sacar conclusiones de aplicabilidad general. Ese es el desafío y ese debe ser el compromiso de toda la comunidad educativa.