La jueza Loretta Preska debe resolver este lunes si concede a la República Argentina la suspensión de la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que demandaron por la expropiación de la petrolera.
La decisión llega días después de que el Gobierno argentino presentara una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Según indicó el analista Sebastián Maril, la defensa también adelantó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos si el nuevo fallo resulta desfavorable.
Entre los principales argumentos, el país sostiene que la orden judicial viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También se menciona en la presentación una Declaración de Interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos —emitida durante la gestión de Donald Trump— como respaldo institucional a la postura argentina.
Finalmente, la defensa advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, lo que podría sentar un precedente adverso para otros países en litigios similares.