La causa conocida como las órdenes truchas de OSEP, que se inició con 12 médicos imputados, ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación para tramitar el debate oral y público. Finalmente, ocho médicos llegan acusados por “fraude en perjuicio de la administración pública” en concurso ideal con “uso de instrumento privado adulterado” y, a través de sus abogados defensores, solicitaron la suspensión del juicio a prueba –más conocida como probation-. A la vez, cumplirían con pautas de conducta y realizarían trabajo comunitario con base a su profesión en distintos centros de atención primaria de la salud (CAPS). Además, ofrecieron en total un resarcimiento económico de $15.300.000.
Con este ofrecimiento monetario, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) recuperaría aquel dinero con valores actuales dolarizados. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, los acusados no cuentan con otros antecedentes penales, condición fundamental para poder concederse la probation.
El proceso judicial comenzó a finales de 2013. Según la investigación, los sindicados habrían presentado órdenes truchas a través del Círculo Médico y éstas fueron pagadas por OSEP. Este procedimiento pudo llevarse a cabo con colaboración de personas –que no fueron identificadas durante la investigación- tanto en el Círculo Médico como en OSEP. Es decir, no habrían funcionado correctamente las áreas de auditoría de ambas instituciones. En el marco de estas maniobras, se habría determinado que una misma orden médica habría pasado 49 veces en el mismo mes.
En detalle, el médico Marcelo González, representado por el abogado Luciano Rojas, habría cobrado $10.000 y ahora ofrece $3.000.000. El abogado Herman Zalazar asiste al médico Bruno Ariel Robledo; habría cobrado $12.000 y su ofrecimiento es de $2.300.000. El defensor Jorge Bracamonte (hijo) representa a Alejandro Codigoni, sospechado del cobro de $10.000, con un ofrecimiento de $2.100.000. El médico Marcelo Eduardo Ubaid, representado por el abogado Claudio Contreras, habría cobrado $5.000 y ofreció $1.000.000. Contreras también defiende, junto a Fernando Contreras Del Pino, a los médicos Nelson Walter Silva –quien habría cobrado $7.900- y a Juan León Córdoba Bustos –quien habría recibido $10.200-; Silva ofreció $1.500.000 y Córdoba, $2.000.000. El médico Hugo Pacheco, representado por Jorge De la Fuente, habría percibido $7.000 y hoy ofrece $1.300.000. Por último, Lilian Pennise, defendida por el abogado Iván Sarquís, habría cobrado $10.000 y su oferta es de $2.100.000. En total, el ofrecimiento de los médicos asciende a $15.300.000. Este dinero ingresaría a las arcas de la OSEP y la obra social definiría su destino.
Trámite
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación estará integrada por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de Cámara Augusto Barros, quien probablemente esté acompañado por el fiscal de Estado, Marcos Denett. Pese al perjuicio económico, la obra social no es querellante en la causa. Los médicos acusados, junto con el ofrecimiento económico en concepto de resarcimiento, están dispuestos a cumplir con las pautas de conducta que el Tribunal imponga, como así también realizarán trabajo comunitario. La imputación prevé una pena de entre uno a seis años. Dado que ninguno de los acusados cuenta con antecedentes penales, hay posibilidades de una pena en suspenso.
La denuncia
La causa se inició en diciembre de 2013 cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o “truchas” que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP. Meses más tarde fueron imputados por «fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado». En cada caso en particular se los acusó de haber fraguado o adulterado órdenes de consulta médica de la obra social por atenciones a afiliados de OSEP que no habrían realizado y por las cuales pretendían cobrar.
Los profesionales imputados y enviados a juicio por el ex fiscal Marcelo Sago en 2019 fueron: Córdoba Bustos, Ubaid, Codigoni, Silva, González, Robledo, Pacheco y Pennise. Luego, en 2021, el fiscal de Sexta Nominación con competencia en Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, completó la investigación y envió a juicio a otros cuatro médicos. En esta resolución de Barros Jorrat estaban involucrados los médicos Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato.
En diciembre último, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, integrada por los jueces Elena Berrondo Isí, Juan Rosales y Diego Chayle Costilla, resolvió que del grupo de 12 médicos que fueron imputados y elevados a juicio, ocho vayan a debate oral por los hechos consumados. El Tribunal de Alzada desestimó los hechos que estaban caratulados en grado de tentativa al considerar que se produjo la prescripción de la acción penal. De esta manera, la Cámara, por unanimidad, decidió confirmar parcialmente a resolución del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación. Por esta razón varios profesionales lograron el sobreseimiento en algunos hechos.
En esta audiencia, la defensa de los acusados advirtió que la investigación sugiere que empleados del Círculo Médico prestaron colaboración para realizar la carga de órdenes apócrifas y que esa responsabilidad no fue aclarada. «No se puede individualizar a los actores principales de este ardid. ¿Quiénes son las personas que cargaron las órdenes?”, se cuestionaron. Además, se remarcó que no se determinó la responsabilidad del Círculo Médico y de la Obra Social. A la vez, se indicó que del sumario efectuado contra personal de OSEP surgió que había falencias en el sistema de la Obra Social. También se observó que a valores del año 2013, el supuesto daño causado a la hacienda pública era ínfimo porque era del 0,9% del presupuesto. El fiscal Facundo Barros Jorrat defendió la investigación penal. Aseguró que quedó demostrado que la defraudación existió.