La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encendió las alarmas en varios municipios de Catamarca por incumplimientos salariales, falta de aumentos y posibles atrasos en el pago del aguinaldo. Ricardo Arévalo, secretario general del gremio, denunció públicamente la falta de voluntad política de varios intendentes para respetar los acuerdos firmados con los trabajadores.
“El aguinaldo no es un favor, es una obligación. Tienen hasta junio para gestionar si no les alcanza, pero deben pagarlo como corresponde”, remarcó Arévalo con firmeza.
La situación más crítica, según explicó, se da en municipios como Chumbicha e Icaño, donde se incumplieron acuerdos salariales ya pactados. “En Icaño no se abonó el último incremento, pero tras la denuncia se comprometieron a pagar. En Chumbicha pagaron solo la primera cuota del aumento y retuvieron el resto, lo que representa una retención indebida de haberes”, señaló.
En Pomán, ATE exige definiciones claras sobre el incremento salarial. “El aguinaldo estaría garantizado, pero el aumento es lo que estamos discutiendo. El intendente debe hablar con el gobernador para definir los números”, indicó el dirigente.
Respecto a Valle Viejo, la situación es especialmente tensa. Arévalo denunció la exclusión del gremio de las últimas mesas paritarias. “Somos el gremio mayoritario y ni siquiera fuimos convocados. Presentamos un reclamo ante la inspección laboral por la falta de reconocimiento a nuestra representación”, subrayó.
También apuntó contra otros jefes comunales que, según dijo, “dan dádivas y no aumentos reales”. Ejemplificó con el caso de Recreo, al que calificó como “el municipio peor pago de toda la provincia”, y también mencionó conflictos abiertos en Ancasti, donde aún no se cierran los acuerdos salariales.
Arévalo insistió en que los aumentos deben contemplar la inflación real. “Ya se habla de nuevas subas de tarifas, y el salario tiene que estar por encima de esos aumentos. No se puede seguir perdiendo poder adquisitivo”, afirmó.
Por último, no descartó avanzar con acciones gremiales o judiciales si no hay respuestas concretas. “Vamos a reunirnos con los trabajadores para definir los pasos a seguir. Pero lo cierto es que no hay margen para excusas. Los municipios tienen que pagar lo que corresponde, ni más ni menos”, concluyó.