domingo, 11 de mayo de 2025 00:55
Con la idea de controlar el manejo de fondos públicos, la Provincia obliga a los municipios a manejar su plata a través de bancos y digitalizar toda su administración a través de otro de los decreto acuerdo firmados por el gobernador Raúl Jalil y sus ministros durante el receso legislativo. El instrumento en cuestión, rubricado el 25 de abril, establece que las comunas deben realizar todos sus pagos (ya sea a proveedores, empleados, beneficiarios de subsidios y cualquier otra salida de fondos) a través de entidades financieras autorizadas por el Banco Central. Lo mismo corre para la percepción de ingresos.
“Todas las transacciones deberán realizarse exclusivamente a través de entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina”, dice el decreto que a la vez le impone a los municipios la obligación de implementar el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), plataforma que ya usa la administración provincial, e inclusive la Legislatura, para tramitar expedientes, comunicaciones internas y documentos oficiales. El decreto fundamenta ambas obligaciones en base al Convenio Fiscal Municipal, el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, normativas que apuntan a ordenar el gasto, mejorar la administración pública y transparentar el uso de los recursos.
El Gobierno, reseña: “En virtud de los compromisos asumidos por los Municipios en el marco de los principios de eficiencia y transparencia en la administración de los bienes y recursos, es necesario avanzar en la modernización de la gestión financiera del sector público municipal, mediante la utilización de mecanismos formales que posibiliten un control más eficiente de los mismos”. Así, sostuvo: “La utilización de mecanismos bancarios permite mejorar la trazabilidad de los fondos públicos, reduciendo riesgos y asegurando el cumplimiento de principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos”.
Cabe señalar que el decreto contempla la situación de municipios que no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria o que tienen problemas de conectividad. En estos casos, las comunas podrán solicitar una excepción si justifican con un informe técnico las dificultades para cumplir con lo exigido y el Ministerio de Hacienda y Obra Pública evaluará la situación para definir mecanismos alternativos de control.