Tras las declaraciones públicas del fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, quien advirtió que percibe la existencia de intereses para destituirlo de su cargo y mencionó unas supuestas presiones recibidas, el fiscal general Alejandro Gober lo citó para una audiencia en la que de alguna manera se lo indagó al respecto, y trascendió que se le habría ofrecido la posibilidad de reforzar su seguridad personal, quizás con la disposición de alguna custodia. Se desconoce si Costilla reveló cuál es el origen de esas presiones.
Según pudo conocer El Ancasti, la audiencia se había previsto para el lunes, ni bien se conocieron las declaraciones periodísticas de Costilla el sábado pasado. Sin embargo, el trámite no pudo llevarse a cabo porque el fiscal pidió licencia, por lo que recién se realizó el martes.
No trascendieron muchos detalles de ese encuentro, pero trascendió que lo dialogado quedó asentado en actas y que le habrían preguntado a Costilla sobre cuáles serían los orígenes de estas presiones que mencionó y si es que consideraba que esto requería reforzar su seguridad o si tenía temor por su integridad. No se conoce cuál fue la respuesta.
Esta situación había sido motivo de reclamo para el diputado provincial Hugo Ávila, quien lo denunció en uno de los hechos ante el Jury, y para los hermanos Fernando y Natalia Rojas, quienes cuestionaron que nadie tomara nota de los dichos del fiscal.
Ávila presentó un escrito en Fiscalía General este martes, para pedir que investigue si es que Costilla está siendo amenazado y si lo estuviera, que se expliquen las razones por las que no lo denunció en su rol de fiscal. «Las expresiones de Costilla no pueden considerarse meras opiniones personales ni afirmaciones genéricas. Configuran indicios relevantes de hechos jurídicamente significativos que deben ser investigados, tanto para preservar su integridad como fiscal, como para resguardar la legalidad del sistema judicial de Catamarca», fundamentó Ávila, asesorado por el abogado Diego Quinteros Martínez.
En tal sentido, el diputado pidió a Gober que informe si el fiscal Costilla había formalizado alguna denuncia penal o administrativa por los hechos que denunció públicamente, que se indique si se ha ordenado iniciar de oficio una investigación penal preparatoria a los fines de determinar si tales presiones encuadran en delitos contra la administración de justicia o la independencia de los magistrados, que se notifique si se ha dispuesto la intervención de la Unidad Fiscal especializada en delitos contra funcionarios públicos, en caso de existir; y que se comunique si el Ministerio Público Fiscal evalúa o ha promovido acciones disciplinarias por eventual omisión de denuncia formal, en el caso de que correspondiera.
En sus dichos, Costilla dio a entender que lo quieren sacar del cargo aunque no aclaró quiénes ni porqué. “Todos los días decido sobre cuestiones que hacen a mi función. Si por una decisión uno va a enfrentar un jury, es preocupante porque vamos a estar constantemente ante cualquier decisión sentados ante un jury. Evidentemente debe haber un interés de que yo no continúe en esa causa (en relación con la de Rojas) y no solo ahí, sino en la función en sí. Hay un interés que pretende que yo no continúe», dijo y afirmó: «Sé de dónde viene, posteriormente lo diré».