miércoles, 23 de abril de 2025 13:03
La diputada del bloque Radical, Silvana Carrizo, se erige como la principal opositora a los decretos 395, 399 y 142, que modifican el cálculo de las contribuciones a la obra social provincial (OSEP). Su proyecto para derogar estas medidas desató un intenso debate en la Cámara de Diputados, poniendo en el centro de la escena la equidad, la transparencia y el manejo de los fondos públicos.
La controversia se originó tras las declaraciones del gobernador Raúl Jalil sobre la situación financiera de la provincia. en diálogo con El Esquiú Play en la Cámara de Diputados, Carrizo cuestionó enérgicamente las afirmaciones del mandatario, defendiendo la gestión anterior y señalando que la actual administración recibió un superávit presupuestario. Además, criticó que sea el propio gobernador quien salga a defender su gestión, considerando que esa tarea debería recaer en sus ministros o asesores.
El eje central de la polémica es el proyecto de Carrizo para derogar los decretos que modifican el cálculo de las contribuciones a la OSEP. La diputada argumenta que estos cambios perjudican desproporcionadamente a los empleados de menores ingresos, especialmente a los empleados públicos de los distintos departamentos y de los municipios, ya que sus aportes se calculan en base a un salario promedio provincial de 700 mil pesos, lo que podría duplicar sus pagos. «Si tienen un sueldo de 300 mil o 400 mil pesos, van a tener que hacer un aporte por este sueldo promedio», explicó Carrizo, advirtiendo que un empleado que actualmente aporta 17 mil o 20 mil pesos pasaría a aportar casi 40 mil con la nueva base de cálculo.
Carrizo también cuestiona la transparencia en el manejo de los fondos de la OSEP, recordando que la obra social ya ha sido intervenida en el pasado y señalando gastos elevados en áreas como informática y alimentación. Además, denuncia que se realizan deducciones dobles a los jubilados, quienes ya contribuyen a la obra social a través de ANSES.
La diputada propone buscar soluciones legislativas para garantizar la sustentabilidad financiera de la OSEP, sugiriendo incluso la exploración de modelos de autogestión. En este sentido, su proyecto busca frenar la aplicación de los decretos y establecer un sistema más justo y equitativo. Carrizo adelantó que presentará formalmente su proyecto de ley y pedirá su tratamiento en la primera sesión legislativa, el 1 de mayo. «No creo que la vía legal sea la denuncia, porque mientras tanto el decreto sigue vigente», afirmó, explicando que su objetivo es agotar la vía legislativa antes de considerar otras acciones.
La iniciativa de Carrizo ha generado un intenso debate en la provincia, con voces a favor y en contra de los decretos y del manejo de los fondos de la OSEP. La resolución de esta controversia tendrá un impacto directo en el bolsillo de miles de empleados y jubilados catamarqueños.