Más ajuste a las provincias

El acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional incluye una revisión del régimen de coparticipación federal de impuestos, con el propósito de “equilibrar mejor los incentivos para la eficiencia y la disciplina fiscal en los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con el acuerdo de Pacto de Mayo de 2024 firmado por la mayoría de los gobiernos provinciales”. El objetivo es que un ajuste aun mayor de las cuentas públicas permita a la Argentina la solvencia para pagar la deuda con el propio organismo, que, originada durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora se incrementa en 20.000 millones de dólares en la gestión libertaria.

Lo que el FMI, que a partir de este nuevo acuerdo suma mayor injerencia en el rumbo del plan económico, pretende es que se impongan a las jurisdicciones subnacionales límites concretos respecto del endeudamiento y del déficit fiscal. Y que se fortalezca la capacidad recaudatoria de provincias y municipios. Si bien no hay disposiciones concretas aún, se infiere que, con los parámetros mencionados, la nueva norma, de prosperar, implicaría un retroceso de los ingresos de las provincias a favor de Nación.

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Más allá del diseño técnico-económico que el organismo internacional pergeña, hay una dimensión política que nunca en estos casos se considera y que tiene una gravitación muy importante. ¿Están dispuestos los gobernadores, la mayoría de los cuales han colaborado explícitamente con las políticas del gobierno nacional desde diciembre de 2023, a seguir resignando recursos a partir de la motosierra libertaria? Los números que exhiben las provincias indican, en principio, que convalidar un recorte mayor al que vienen sufriendo sería prácticamente suicida.

Un informe elaborado por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires calcula que a partir de la reestructuración del sistema tributario que ya vienen implementando el tándem Milei-Caputo las provincias perdieron en los últimos 16 meses aproximadamente 12.000 millones de dólares en recursos coparticipables, que fueron a parar a la administración nacional. Los datos de este estudio corroboran lo que otros trabajos vienen destacando: una parte importante del ajuste que le permite al gobierno de Milei mostrar un superávit de las cuentas fiscales lo vienen pagando provincias y municipios.

La restricción que encuentra la intención de modificar el régimen de coparticipación, tal la imposición del FMI al gobierno nacional, es que cualquier cambio en el régimen de reparto requiere del acuerdo de todas las provincias, un escollo que ha impedido que la iniciativa se concretase desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que la incluye dentro de las cláusulas transitorias.

Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se hubiese debatido en el Congreso de la Nación en vez de aprobarse prácticamente a libro cerrado, tal vez la imposición de modificar el régimen coparticipable no hubiese prosperado, evitando los problemas que se avecinan, derivados de la imposibilidad del consenso.